La migración lejos de ser un problema es una oportunidad, un acelerador de las economías”, aseguró Diana Cartier, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el marco de la presentación de resultados del estudio Impacto económico de la migración venezolana en Costa Rica, donde se planteó que el ingreso fiscal del país por parte de esta población rondó los $40.207.434 durante el año 2022 (último dato disponible).

Se trata de la población migrante venezolana que ha decidido instalarse en Costa Rica, tanto para invertir con sus negocios, como para prosperar al lado de sus familias, generando un aporte esencial en la economía local.

Para el año 2023 se estima que había un total de 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en todo el mundo, de las cuales, 6,5 se encuentran en América Latina y el Caribe y unos 29.405 en Costa Rica, lo que equivale a un 1% de la población total y un 12% de todos los migrantes.

La tendencia de gasto (consumo) de esta población es más elevada cuando se trata de vivienda y alimentación, algo que sucede con la misma frecuencia en otros países de la región donde tienen presencia.

Sus principales gastos se dividen en un 24,68% para vivienda, 24% en alimentos, 10,3% destinado al pago de deudas, 6,95% a educación, 6,27% a servicios y 6,04% a seguros.

De esta población migrante venezolana el 61,39% y el 56% se ubican en edades entre los 30 y 49 años, de acuerdo con las cifras presentadas por la OIM, la Cámara de Empresarios Venezolanos en Costa Rica y la Cámara de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Venezolanos en el Exterior.

La población migrante y refugiada venezolana en Costa Rica trabaja principalmente en comercios, servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial y financieros, así como actividades de comida y bebida.

“El 55,8% de la población se encuentra trabajando actualmente, el 73,91% cuenta con estudios superiores y un 33,2% de éstos ejercen su profesión, mientras que el ingreso promedio mensual oscila entre los $453,5 para trabajadores informales y $1.203,9 para los que están en empleos formales”, explicó David Licheri, miembro de la empresa Equilibrium Social Development Consulting, desarrolladora del estudio.

De hecho, dijo Licheri, hay una gran proporción de personas profesionales que tienen doctorados y maestrías, pero enfrentar una gran diversidad de dificultades para ejercer sus profesionales, por ejemplo, el 49% no logra validar sus títulos profesionales, el 22,58% no cuenta con referencias laborales en el país y el 15,48% no logra conseguir empleo en su profesión.

En el grupo de dependientes el 56,6% trabajan en la formalidad y de los independientes un 45% son formales, pero también hay muchas empresas y emprendimientos en manos de capital venezolano que está generando riqueza y bienestar al país.

Claro que aún quedan retos pendientes por resolver para una mayor inclusión de estas personas migrantes, vinculadas especialmente con la institucionalidad costarricense, la búsqueda de mecanismos para la formalización laboral, ampliando los límites del porcentaje de contratación de extranjeros, los visas, permisos de empleo, certificación de capacidades y vías de regularización.