El Ministerio de Salud se apartó de su posición usual con respecto a los proyectos que pretenden imponer medidas y controles al uso de productos de tabaco y se manifestó en contra del proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo del Tabaco.

La iniciativa, promovida por el liberacionista Gilberth Jiménez, pretende sustituir los impuestos que actualmente se aplican a los productos de tabaco por un nuevo impuesto específico de ₡79.85 colones por cigarrillo, lo que representaría un aumento del 30% del costo actual.

Además, la propuesta define una nueva distribución de los recursos recaudados por este impuesto.

Mario Urcuyo, viceministro de Salud compareció ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios que discute el expediente 23.880 y durante su exposición realizó varias objeciones a la iniciativa y aunque no concluyó recomendando literalmente su archivo, sí se manifestó en contra de su aprobación tal y como está planteado.

Urcuyo se hizo acompañar de Esteban Solís y Hania Fonseca del programa de control del tabaco y de Miguel Gómez y Susan Castrillo, asesores.

Las primeras objeciones giraron en torno a la creación de “nuevos impuestos”, pues “el compromiso nuestro como gobierno ha sido de evitar o de que esa sea, la vía última para poder impactar en las necesidades del país”.

Luego preguntó “cuál es la necesidad” de aplicar esta medida -con la que cabe destacar, aún no llegaríamos al aumento de impuestos recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 75%-  si en su criterio el país ha logrado “un control efectivo” del tabaco.

No obstante, poco después dijo que hay pocos datos sobre uso de tabaco en el país, especialmente si se considera la cantidad de contrabando que se consume.

Eso sí, dijo que conoce la sugerencia de OMS pero que los países con más alta imposición son también los que mayor consumo tienen y agregó que “no es la realidad de Costa Rica y por eso les digo que dentro de las consideraciones que ustedes tengan para esto es ver que Costa Rica realmente con una menor carga tributaria ha logrado ubicarse entre los países con menor tasa de consumo de tabaco de la región”.

Finalmente, pidió revisar el articulado del proyecto, pues aparentemente aunque representaría mayor recaudación, resultaría en una reducción de asignación de recursos a las instituciones a cargo de la prevención y atención de este tema.

En el intercambio con las diputaciones, varias secundaron el argumento de que “no necesariamente” -y aunque los estudios científicos así lo demuestran- subir el precio reduciría a una reducción en el consumo, lo que llevó a que los funcionarios afirmaran que “si usted deja de fumar porque no le alcanza, la probabilidad de que caiga en otra sustancia o de que recurra en un momento que sí tenga fondos para poder consumir es más alta, que si la cesación de fumado que usted tiene es convencida”.

El socialcristiano Leslye Bojorges le reclamó al jerarca hablar de menor consumo mientras admitía que no habían datos, especialmente sobre contrabando y urgió a que se recabe mayor información para tomar decisiones.

Jonathan Acuña y Gilberth Jiménez recordaron varios estudios que demuestran que el aumento del precio sí reduce significativamente el consumo y anunciaron su apoyo al proyecto, eso sí, revisando el tema de asignación de recursos.