El proyecto 23.088, Reforma al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios recibió primer debate, con lo cual avanzó la propuesta que fue presentada en la administración de Carlos Alvarado por el ministro de Hacienda Elián Villegas, para definir un procedimiento para el intercambio de información tributaria con otras jurisdicciones, en virtud de convenios internacionales. La reforma especifica que no se requerirá de autorización judicial para este procedimiento, y se establecen sanciones en caso de incumplimientos.

Aunque el proyecto se votó en forma unánime (45 a 0), el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), fue el único en celebrarlo. “Es un paso importante para el fortalecimiento del marco jurídico contra la evasión tributaria. El convenio con múltiples países permitirá solicitar el levantamiento del secreto bancario para que esas jurisdicciones puedan realizar investigaciones, sin necesidad de orden judicial. Esto permitirá que Costa Rica sea un país con mayor transparencia”, dijo.

Acuña aseguró que este proyecto permitirá reglas más claras en el ámbito tributario y de combate a la evasión, pero lamentó que se deba producir “a empujones”, como resultado de presiones de organismos internacionales y otros países, por la posibilidad de que Costa Rica volviera a caer en listas grises de jurisdicciones no cooperantes en materias de transparencia tributaria.

También recibió primer debate en forma unánime (42 a 0) el proyecto 23.312, la reforma a la ley de reforma a la creación del Sistema Financiero de la Vivienda, para promover el acceso de la clase media.

Se trata de una iniciativa presentada por la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), en la que se propone ampliar el acceso a recursos y proyectos del BANHVI para sectores de la población que en la actualidad no tienen esa posibilidad, realizar un cambio en la estructura de la Junta Directiva para equipararse con las juntas directivas de los Bancos Estatales, así como una reestructuración del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), para darle nuevos mecanismos de inversión que deberían permitir “el desarrollo de soluciones para la clase media”.

Adicionalmente, los diputados acordaron un texto sustitutivo para el proyecto 23.800, la reforma a los artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, cuya nueva redacción apunta a que no se otorgue la ciudadanía a personas condenadas con sentencia firme por delitos dolosos en los últimos diez años, con penas privativas de libertad superiores a los 3 años. En el texto se establecen excepciones para casos de personas refugiadas, apátridas y asiladas. El texto deberá ser publicado en La Gaceta.

Asimismo, recibió primer debate el proyecto 23.257, para la prevención y atención de personas con enfermedades raras, pero la misma proponente, la diputada Andrea Álvarez, indicó que con el compromiso de retrotraerlo a primer debate para incorporar “mociones bastante sensatas” presentadas por el Ministerio de Salud.

En la jornada matutina también se dio primer debate al proyecto 24.141 para ampliar los alcances de la ley 10.000 , “protección a los ocupantes de las zonas clasificadas como especiales”, una autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón de realizar trabajos pluviales en la Escuela La Hermosa, y un intercambio de propiedades entre la comunidad de Mora y el Ministerio de Seguridad.