El Gobierno de Costa Rica aún no define una propuesta para la implementación del impuesto mínimo global (IMG) en Costa Rica, iniciativa que ya entró en vigencia en algunas jurisdicciones de la Unión Europea y cuyo cobro comenzará en julio del 2026. Autoridades en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) manifestaron que evalúan cómo se adopta el impuesto en otros países para luego aplicar “posibles ajustes” a la normativa costarricense.

Ambas carteras incluso dejaron abierta la posibilidad de que el gravamen no se aplique en el país, a pesar de que Costa Rica suscribió el acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con otras 135 naciones. Esto, a su vez, significa que la discusión en el ámbito legislativo aún no tiene fecha debido a la falta de alguna propuesta por parte del Ejecutivo.

El IMG es un tributo mínimo a las sociedades, del 15% de tasa fiscal efectiva, para empresas que tengan ingresos consolidados brutos mayores a 750 millones de euros ($808 millones al tipo de cambio actual). Un total de 136 países acordaron su creación, y su alcance se define en normas comunes para todos los países en los que entrarían en vigor las llamadas reglas Global Anti-Base Erosion (GloBE). Este tributo entró en vigencia en enero del 2024 en algunos países de la UE, así como Corea del Sur y Japón.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que el tema se ha desarrollado y analizado con la asistencia técnica del Banco Mundial. Una vez concluido ese proceso, se “evaluarán posibles ajustes a la normativa costarricense y sus implicacione”s. De presentar una iniciativa ante la Asamblea Legislativa, previamente, Hacienda la socializará con todas las partes interesadas”, indicó este jerarca.

Por su parte, Comex manifestó que la decisión de activar o no el tributo será del Gobierno, no solo de una cartera. Este ministerio destacó que analiza riesgos y oportunidades en inversión extranjera directa (IED) y competitividad, derivadas de la implementación del gravamen en otros países.

“A nivel interno, la institucionalidad competente en las materias abordadas, que incluye al Ministerio de Hacienda para los temas fiscales y a Comex para temas de competitividad y atracción de inversión extranjera, se mantiene participando y monitoreando la evolución del impuesto mínimo global”, señaló Comex.

Esta medida, que empezaría a regir en el año 2025 (pero se cobraría hasta 2026), según las Reglas Modelo GloBE del segundo pilar OCDE, generaría una recaudación mundial aproximada de $150.000 millones al año. Sin embargo, se requiere hacer reformas tributarias para que países como Costa Rica entren en esta ecuación, explicó el Colegio de Contadores Públicos.

Alonso Erak, director de Fiscalidad Internacional de la firma privada Grant Thornton, indicó que para implementar el modelo la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley que reforme la actual Ley del impuesto sobre la renta, así como su reglamento.

Según indicó este especialista en impuestos, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia ya tienen en su legislación interna los requisitos, por lo que iniciarán el cobro del tributo en el 2025, esto debido a que la tarifa se calcula con base en los resultados que tengan las empresas en el periodo fiscal 2024.

Según la OCDE, el objetivo del convenio es lograr la equidad y fortalecer el marco fiscal vigente para reducir el impacto de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), estrategias usadas por empresas para evitar el pago de impuestos. El organismo calcula que las prácticas BEPS generan pérdidas anuales de ingresos de entre $100.000 millones y $240.000 millones para los países.

Costa Rica tiene vigente una tasa de renta del 30% para las empresas del régimen ordinario, pero para el régimen de zonas francas, los incentivos establecen tarifas diferenciadas que van desde el 0%.

Daniel Quesada, representante de la Asociación de Zonas Francas (Azofras) y gerente de impuestos en EY Law, explicó que el esquema contempla una serie de medidas transitorias que permiten simplificar o diferir el impacto de la aplicación de las reglas del impuesto mínimo global durante los primeros años, conocidas como puertos seguros o safe harbors, en inglés.

Además, aunque la entrada en vigencia del impuesto fue en enero de este 2024, se establece que la primera declaración que hagan las empresas podrá ser 18 meses después de la entrada en vigencia del tributo en cada nación, sin embargo, ninguna declaración se podrá presentar antes del 30 de junio del 2026, por lo que un día después sería cuando empezaría el cobro del tributo.

Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte, destacó que en caso de que se implemente el cobro del tributo las empresas que operan bajo régimen especial deberán pagar, al menos, el 15% establecido, dinero que entrará a las arcas del Ministerio de Hacienda.

Según Salas, la implementación en suelo europeo puede afectar a Costa Rica mientras no se apruebe la legislación respectiva. En el caso de que una compañía con sede en la UE cumpla con el mínimo de ingresos consolidados brutos, pero no pague el impuesto mínimo en suelo nacional (porque opera en zona franca), deberá pagar la tasa respectiva en el país donde está su sede, aunque genere las ganancias en suelo nacional.

El impuesto mínimo a las multinacionales entró en vigencia en la Unión Europea en enero del 2024, y se prevé que se empiece a cobrar el próximo año con información del periodo fiscal actual. Otros países de Latinoamérica y Estados Unidos aún no definen su implementación. 

Marianela Urgellés, directora general de la agencia de atracción de inversiones Cinde, explicó que el eventual cobro del IMG impactaría los incentivos que ofrece Costa Rica en la atracción de IED, principalmente las reinversiones. Según señaló, alrededor del 60% de las multinacionales que operan en territorio nacional generan más ingresos consolidados que el límite establecido por la OCDE.

Sin embargo, Comex explicó que menos del 2% de las empresas de IED locales tienen su casa matriz en la UE y tienen ingresos consolidados mayores a 750 millones de euros. Además, añadió que el cumplir con esos requisitos no implica que automáticamente paguen el tributo pues las reglas modelo de OCDE incluyen exclusiones basadas en sustancia y otros elementos que deben ser analizados por cada empresa para determinar la aplicación o no del IMG.

Empresas como Bayer, Medtronic o Philips, cuyas casas matrices están en Alemania, Irlanda y Países Bajos, y que también mantienen operaciones en Costa Rica, podrían tener que pagar el impuesto el próximo año, pues sus ingresos superan los 750 millones de euros. Sin embargo, este aplicará según la estructura de subsidiarias de cada una de ellas.

Rafael Sayagués, miembro de la junta directiva de Azofras, consideró que el IMG representa “un reto para el país y su modelo de inversiones, particularmente el Régimen de Zonas Francas”, y consideró necesaria la implementación de una estrategia de incentivos fiscales que mitiguen el impacto del cobro del tributo, ya sea en otras cargas tributarias como a las importaciones o a la seguridad social.

Distintos sectores y especialistas tributarios consideran que la discusión legal para la implementación del impuesto debe apresurarse pues se aplique o no en Costa Rica, poco a poco todos los países irán iniciando el cobro del tributo.

Por ejemplo, Erak opinó que Costa Rica debe comenzar a poner sobre la mesa las primeras bases de la futura legislación, así como plantear la discusión, debido a que de todas formas “el impuesto se pagará en algún lado”.

El Colegio de Contadores Públicos también hizo un llamado a los diputados y a Hacienda para que se emita el marco legal. Dunia Zamora, presidenta del órgano, explicó que implementar la normativa con prontitud permitiría obtener una retribución por la inversión en infraestructura en el país.

Urgellés también es del criterio que este tema “merece ser atendido con prontitud”, debido a la competencia en atracción de inversiones en la que está Costa Rica, donde otras naciones “ya van mucho más avanzadas en la determinación de las medidas compensatorias, al tiempo que las mismas empresas están preparándose para atender la normativa global”.

Por último, Sayagués también señaló que el país debe ser proactivo en el análisis de la situación a la mayor brevedad posible, por lo que señaló que Azofras cuenta con una comisión técnica dedicada a revisar posibles repercusiones con el fin de poder establecer conversaciones con las autoridades, posteriormente.