El lunes 27 de mayo la Procuraduría General de la República (PGR) reconfirmó que el Gobierno tiene la obligación legal de destinar un monto mínimo al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), a través del cual se atiende a la población en condición de pobreza.
Según el criterio del abogado del Estado, cada año el monto que se destine a este fondo no puede ser menor a ¢252.736 millones. Sin embargo, para este 2024 el Gobierno de Rodrigo Chaves solo presupuestó para dicho fin ¢193.452 millones. Es decir, lo destinado a Fodesaf es ¢59.284 millones inferior al mandato legal.
Ante esta situación, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Montserrat Ruiz, hizo la consulta a la Procuraduría, para determinar si el Poder Ejecutivo puede hacer este recorte. La respuesta fue negativa.
“El Poder Ejecutivo y, concretamente, el Ministerio de Hacienda, debe disponer a favor del Fodesaf no puede ser inferior al monto establecido en el presupuesto de la República del año 2018“, respondió la PGR.
Diputados crearon “cláusula de protección” previendo un escenario de recortes
En el 2018, durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los diputados tenían la preocupación de que se recortaran estos recursos o que por el choque inflacionario cada vez perdiera valor.
Los legisladores buscaban proteger estos fondos, pues están dirigidos a atender a la población económicamente vulnerable. Su objetivo era que con el paso del tiempo no disminuyeran, lo que a su vez significaría una desmejora en la atención social.
Fue por esto que crearon una “cláusula de protección”. Así lo llamó la Sala Constitucional. Esta cláusula es el artículo 24 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su respectivo reglamento.
La ley y las posteriores interpretaciones de la PGR y la Sala Constitucional concluyen que el monto destinado para este fin no podrá ser menor al del 2018, año en el que se destinaron ¢252.736 millones.
“El mismo legislador, previendo un escenario prolongado de crisis fiscal en que no se podría disponer de más ingresos públicos para financiarlo, contempló una cláusula de protección”, dice el criterio.
Pero en la práctica, la cláusula no tuvo efecto. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció a El Observador que este año no lo harán. Tal vez en el 2025.
“Con este mandato, a los programas e institucionales concernidos se les protege contra cualquier desfavorecimiento nominal en sus ingresos”, explica el criterio de la PGR.
Desde febrero del 2024 los diputados denunciaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante la Contraloría General de la República (CGR) por esta situación. Sin embargo, hasta inicios de mayo el ente contralor ni siquiera había admitido la denuncia.