El pago del ajuste salarial retroactivo a funcionarios públicos por aumento en el costo de vida, que se mantuvo “congelado” desde abril de 2020, es uno de los dos factores principales que elevó el gasto total del Gobierno.

Así lo indica el Ministerio de Hacienda en el informe de cifras fiscales a abril de este año dado a conocer esta semana.

El gasto total del Gobierno alcanzó ¢3.059.961 millones a ese mes, lo que representa un aumento de 8,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando registró ¢2.824.129 millones.

Ese crecimiento incluso se ubicó por encima del promedio registrado para el periodo 2012-2024, que fue 7,2%. El crecimiento neto del gasto fue ¢235.832 millones.

En términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto total alcanzó 6,2% del PIB. Estuvo por encima en 0,2 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con abril de 2023.

El incremento neto del gasto total, que ascendió a ¢235.832 millones, se debió, sobre todo, al incremento neto que registró el rubro de transferencias corrientes al sector público. Las hechas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) explican el mayor porcentaje de esa variación, según Hacienda.

“Además, contribuyó al incremento la partida de remuneraciones, específicamente los sueldos y salarios, debido al cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno de pagar a los servidores públicos el retroactivo correspondiente al aumento general a la base, por un monto de ¢7.500, congelado desde el 2020”, indica Hacienda.

Ambas partidas explican el 73,6% del incremento neto del gasto a abril, seguidas por el pago de intereses (20,5%) y el gasto de capital (8,9%).

Desde este viernes, 130.000 empleados públicos empezaron a recibir el monto del aumento general por costo de vida.

Para ellos, en total, el Ministerio de Hacienda desembolsará más de ¢39.500 millones entre el salario y el retroactivo.

En 2019, cuando aún no se aplicaban las medidas extraordinarias ordenadas por la regla fiscal (una norma para contener el crecimiento del gasto público), la entonces Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público ordenó un reajuste por costo de vida de ¢7.500 para cada salario base de los funcionarios públicos.

En diciembre de ese año, Rodrigo Chaves, siendo Ministro de Hacienda, firmó el decreto que autorizó el aumento salarial aplicable a partir de febrero de 2020 y de forma retroactiva a enero de ese año.

Sin embargo, en abril de 2020, con la emergencia ocasionada por el Covid-19, el gobierno de Carlos Alvarado congeló temporalmente ese ajuste salarial. Desde ese momento, ese incremento salarial por costo de vida no se había pagado.