En 2020, el monto recuperado por el Ministerio Hacienda representó el 6,34% la cartera morosa en cobro. Desde entonces, la cifra no supera el 4,21% del total, e incluso en 2023 cayó al 2,19%, el resultado más bajo en los últimos seis años.

Lo anterior también representa una caída en montos nominales. Para ponerlo en contexto, en 2020 Hacienda recuperó ¢20.835 millones, pero en 2021 la cifra cayó a ¢7.177 millones. Un año después, creció a ¢14.529 millones y en 2023 volvió a descender a ¢7.237 millones.

Dicha cartera explicó que en 2022 se recuperaron cerca de ¢7.000 millones gracias a dos gestiones realizadas contra grandes contribuyentes con intereses acumulados, lo cual permitió incrementar el monto recuperado ese año.

Esta reducción ocurre al mismo tiempo que el portafolio en cobranza judicial se disparó tras la pandemia de covid-19, y desde entonces se mantuvo relativamente estable, aunque el año anterior cayó levemente hasta alcanzar los ¢330.187 millones.

El Ministerio de Hacienda maneja dos cuentas morosas de impuestos. La primera es la administrativa, fiscalizada por la Dirección General de Tributación (DGT), compuesta únicamente de tributos.

La segunda, la judicial, es supervisada por la Dirección General de Hacienda, e incluye adeudos de personas físicas y jurídicas, abarcando impuestos y pagos pendientes con otros ministerios o instituciones públicas. A pesar de esto, los tributos representan el 99% del monto en cobro judicial.

Mario Ramos, director general de Tributación, señaló que la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eliminó la posibilidad de hacer arreglos de pago para el IVA y las retenciones del impuesto sobre la renta, afectando la capacidad de recuperar estos adeudos.

Rudolf Lücke, director general de Hacienda, señaló que en 2020 se aprobó una ley que permitió a empresas del sector de entretenimiento hacer arreglos de pago, lo cual influyó en el monto de recuperación a partir del 2021.

El Ministerio añadió que los efectos de la pandemia sobre renta se manifestaron en el 2021, ya que la liquidación del periodo 2020 se realizó en marzo de ese año.

Lücke amplió que la cartera morosa en captación judicial se disparó en 2020, principalmente por los efectos de la pandemia, ya que las empresas dejaron de pagar impuestos para mantener su flujo de caja.

Fernando Naranjo, exministro de Hacienda y economista de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), explicó que en 2023 algunas empresas también presentaron problemas de liquidez debido a la baja en el precio del dólar. En el caso de las más pequeñas, algunas cerraron, lo que aumenta la posibilidad de que ese dinero fuera incobrable.

Ramos añadió que la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas amplió la base de contribuyentes que deben pagar el IVA. Según Ramos, eso influyó en que aumentara este conjunto de deudas.

Aunque el monto total de la cartera disminuyó en ¢14.649 millones entre 2022 y 2023, la autoridad fiscal solo recuperó ¢7.237 millones el año anterior. El Ministerio explicó que esto se debe a deudas que prescriben o se declaran incobrables, las cuales sumaron ¢7.412 millones que no pudieron ingresar.

Según Lücke, el hecho de que el monto recuperado sea inferior al que se dejó de captar “marca una señal”, pero aseguró que están priorizando la recuperación por magnitud del adeudo y la probabilidad de recuperación.

Tributación traslada las cuentas en cobro administrativo a judicial tras advertir al contribuyente y no recibir ningún arreglo de pago. Para ello, se emite una certificación de adeudo con el monto a pagar.

De los ¢330.187 millones en cobro judicial al cierre de 2023, el 82% corresponde a deudas de IVA y renta, el 17% a otros impuestos como aduaneros, y el 1% restante a adeudos al Estado, incluidos montos por accidentes de tránsito.

Cobros administrativos

Aunque la cartera judicial disminuye lentamente, las cuentas en captación administrativa presentaron una reducción más significativa en el último año y medio.

Según Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, en 2023 la institución recuperó ¢51.000 millones de este grupo. Lo anterior quiere decir que el año pasado se obtuvo de vuelta un 12,8% de la cartera administrativa.

Lücke afirmó que la recuperación administrativa es más eficiente frente a la judicial, debido a que en esta última hay cuentas que tardan años en resolverse y muchas veces terminan por una resolución legal.

Ramos señaló que en este 2024 esperan cobrar el 74% de la cartera en cobro administrativo con la que se inició el año.

Sin embargo, acotó que la contabilización de esas deudas es sensible a cambios considerables, pues se calcula con base en lo que los contribuyentes declaran en el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV).

“Si las personas por error ponen que deben ¢500.000, pero en realidad eran ¢5.000, el monto se infla”, explicó.

‘Datos no confiables’

La Nación solicitó al Ministerio de Hacienda los datos del monto en cobro administrativo al final de cada año desde 2019 hasta 2023. Sin embargo, señalaron que previo al año pasado la información se extraía del Sistema Integral de Información de la Administración Tributaria (SIIAT), que “carece de funcionalidades para extraer información confiable”.

Según Ramos, el sistema obligaba a Tributación a ajustar las deudas manualmente e individualmente. Además, el SIIAT no aplica automáticamente todas las retenciones, compensaciones y saldos a favor de los contribuyentes, ni registra todos los impuestos administrados por Tributación.

Ahora, la DGT utiliza ATV, en el cual los contribuyentes suben las declaraciones tributarias con el cálculo de los impuestos que deben liquidar. La autoridad fiscal toma esa información y la compara con lo que no se ha pagado para calcular la cartera morosa.

Según Ramos, esta nueva forma de hacer el cálculo ha permitido “gestionar el cobro más eficientemente”. Sin embargo, manifestó que esta es sensible a lo que los contribuyentes indiquen en sus declaraciones.

“El contribuyente presenta la declaración y dice cuánto debe. Para determinar que esa deuda no es real, debemos iniciar el proceso de fiscalización. Nosotros perfilamos a los contribuyentes y analizamos si lo que declaran coincide con su perfil o puede ser un error”, concluyó Ramos.