Uno de los cinco proyectos de la agenda fiscal que impulsa el Gobierno en la Asamblea Legislativa le daría un “superpoder” y “potestades confiscatorias” a la Administración Tributaria, que “no son propias de un régimen democrático”, advierten diputados.
Se trata del expediente 23.759 “Fortalecimiento del Control Tributario”, que consiste en una reforma parcial al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
De acuerdo con el texto propuesto, la intención es dotar a la Administración Tributaria de herramientas que le permitan ejercer un control tributario efectivo y luchar contra la evasión fiscal.
Entre otras medidas, se incluyen la ampliación de los supuestos de responsabilidad tributaria para el cobro de deudas con el Ministerio de Hacienda y la simplificación del procedimiento fiscalizador. También mejorar el acceso a las facilidades de pago y establecer un proceso de cobro ejecutivo sin intervención judicial.
Estas disposiciones que, aunque el Gobierno diga que son para hacer más efectivo el control tributario, encienden alertas entre los legisladores Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Eliécer Feinzaig, economista y jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberal Progresista (PLP).
“Excesivo”
Ramírez, quien ha sido presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, explicó que, por ejemplo, la Administración Tributaria podría sancionar y hasta secuestrar documentos de las empresas, sin que medie un proceso judicial.
El Gobierno presenta un proyecto de control tributario en donde se le da superpoder a la Administración Tributaria, pudiendo sancionar e incluso secuestrar documentos de las empresas y, asimismo, embargar todos los bienes de sus socios, sin que medie una autoridad judicial.
Esto, en su criterio, es “excesivo” y el Ministerio de Hacienda estaría “sobre limitándose” en sus atribuciones legales, si la Asamblea Legislativa aprueba la iniciativa de ley.
Feinzaig, por su parte, manifestó que la intención de la propuesta es otorgarle “potestades confiscatorias” al Ministerio de Hacienda.
Los contribuyentes únicamente tendrían dos derechos: quedarse callados y nada de caritas. Porque se quita la posibilidad de que las personas apelen las decisiones de la Autoridad Tributaria.
El congresista asegura que las potestades que el gobierno de Rodrigo Chaves pretende darle a la Administración Tributaria “no son propias de un régimen democrático.”
Desde el Partido Liberal Progresista, le decimos verdaderamente al Gobierno que no más impuestos y que no vamos a permitir que esto pase. No pueden disfrazar de una simplificación tributaria porque están tratando de meter la renta global, cuando lo que hay aquí verdaderamente, y se nota a lo largo de los cinco proyectos, es el deseo de dotar al Estado de cada vez más recursos, es decir, de quitarle a los ciudadanos cada vez más dinero y darle al Estado unos controles absolutos sobre lo que podemos y no podemos hacer los ciudadanos costarricenses.
“Confiscatorio”
Los diputados afirman que el proyecto de ley se concentra más en medidas confiscatorias que en acciones para facilitar el pago de impuestos y mejorar el cumplimiento tributario.
Uno de los puntos que más les preocupa es que la Administración Tributaria tendría la potestad de intervenir empresas y confiscar documentos, sin la intervención judicial.
También abriría la posibilidad de cobrar las deudas tributarias de las empresas a sus socios. Esto implicaría que un socio minoritario, por ejemplo, podría ser responsable por las faltas administrativas de la empresa, aunque no tenga influencia en la administración de la misma.
Los congresistas sostienen que si la Asamblea Legislativa aprueba este expediente, se afectaría la inversión nacional y extranjera y se crearía inseguridad jurídica.
La iniciativa forma parte de la agenda de cinco proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Congreso y que han recibido un fuerte rechazo por parte de todas las bancadas legislativas de oposición.
Las otras cuatro propuestas son las siguientes:
- Expediente 23.760. Ley del Impuesto sobre la Renta. Introduce reformas al impuesto a las personas físicas, empresas y sobre la renta de los no residentes. También hace ajustes que conllevarían a nuevas obligaciones tributarias para las personas físicas y las empresas.
- Expediente 23.761. Ley del impuesto a la propiedad de vehículos, automotores, embarcaciones, aeronaves, motocicletas y maquinaria autopropulsada (marchamo).
- Expediente 23.762. Fortalecimiento de la gestión de la deuda pública.
- Expediente 23.763. Evaluación de incentivos fiscales en el marco de una correcta aplicación de los recursos públicos para contribuir con las finanzas del Estado costarricense. Al eliminar exoneraciones, productos de primera necesidad, como las sillas de ruedas, camas de hospital y boletos aéreos comprados en el exterior para viajar a Costa Rica pagarían el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La oposición ya anunció que no respaldará las propuestas porque consideran que consisten en un nuevo paquete de impuestos que golpearían a los costarricenses y a las empresas.