Los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 23.197, una propuesta que busca dar incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que se beneficiarán con nuevos instrumentos para apoyar sus procesos de formalización, el fortalecimiento del talento de sus colaboradores, y el impulso de sus procesos de innovación y encadenamiento.

El plan fue presentado en junio del 2022 por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruíz; en conjunto con el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM).

¿Qué hace la nueva ley?

•     Incorporar a todas las microempresas de hasta cinco empleados sin distingo de actividad económica, al régimen simplificado de contribución tributaria, siempre y cuando estén registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Cabe destacar que las empresas acogidas a este régimen, con excepción de las microempresas registradas en el SIEC, no estarán obligados a emitir facturas solo comprobantes cuando el comprador así lo solicite.

•     Generar incentivos a la innovación y la formación del capital humano de las mipymes, mediante la deducción del impuesto de renta de los gastos en investigación, desarrollo y capacitación para el recurso humano basada en su giro comercial que realicen las que estén debidamente registradas ante el MEIC o el MAG.

•     Fomentar el encadenamiento de las mipymes con la empresa grande y las que se encuentran en regímenes especiales, estableciendo incentivos tributarios a las empresas grandes o de regímenes especiales sobre la transferencia de tecnología, desarrollo de innovaciones de producto/servicios, o procesos en gestión de la calidad y la gestión ambiental para las micro, pequeñas y medianas empresas que formen parte de su cadena de valor, las cuales deberán estar debidamente registradas y en condición activa ante el MEIC o el MAG.

•     Fortalecer el régimen especial de contribución de la seguridad para emprendedores y microempresas que se registren por primera vez o reanuden actividad económica, mediante el establecimiento por vía de ley de un régimen especial de contribución de la seguridad social que se aplique por un periodo de cinco años para emprendimientos y microempresas (con no más de cinco colaboradores).

•     Dotar al MEIC de recursos económicos para el fortalecimiento del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), plataforma tecnológica que soporta el registro PYME.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las microempresas de los hogares, en ese momento el 57,7% no están inscritas en ninguna instancia pública, el 81,3 % no tienen ningún tipo de contabilidad formal, el 90% no tiene contabilidad por régimen simplificado, el 73,9% no cuentan con factura timbrada, el 77,7% no tiene factura electrónica, y el 70,8% no tiene ningún comprobante de venta.

El INEC también indicó que el 63,3% de las microempresas no cuentan con seguro social.

Este escenario, y sumado a otros análisis como el realizado por la OECD, confirma que los costos de la seguridad social y los trámites para la incorporación en la formalización constituye una de las principales causas que inciden en la alta informalidad que se tiene en el país.

“Habilita una oportunidad de vinculación con las empresas grandes para que mediante incentivos se promueva en las mipymes de las cadenas de valor de estas empresas, la investigación, el desarrollo e innovación de productos y procesos, fortaleciendo con ello una sinergia positiva en la participación de las mipymes, las empresas grandes y los incentivos públicos para potenciar el crecimiento productivo del país”, expresó Luis Álvarez Soto, Director Ejecutivo de CELIEM.

Las pymes generan el 33% del empleo total del sector privado y se impactan en más del 35% del PIB del país.