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La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, advirtió a los pequeños, medianos y grandes comerciantes sobre presuntos cobros de más realizados por el sistema Tribu-CR, luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera que se cobraron ¢1.681,6 millones en exceso a ciudadanos y empresas.

El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.

El Ministerio de Hacienda continúa fortaleciendo la sostenibilidad de la deuda pública mediante una estrategia activa de gestión de pasivos. Entre enero y junio, realizó operaciones de canjes de deuda interna por ¢1.043.548 millones (más de ¢1,04 billones), un 15,9% por encima del monto registrado durante todo 2025 (¢900.727 millones).

Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria, señala que la medida está pensada para los contribuyentes formales y duda de su impacto en la recaudación. “Esta medida está pensada para contribuyentes formales que realizan actividades lucrativas y lo que se haría es incluir un dato para mejorar el control tributario. El problema del SINPE son las transacciones ocultas u omisas, y estas pueden originarse en personas que no están inscritas en Hacienda, en cuyo caso la medida no resolvería en nada ese conflicto”, indicó.

La Contraloría General de la República (CGR), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, advirtió de que un recorte presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda podría llevar a la institución a un eventual cierre técnico.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva más de un año sin contar con estados financieros institucionales aprobados.

Mediante una medida cautelar, esta unidad de Tesorería busca anular dos oficios que, según alega, restringen atribuciones que le asignan una ley especial y la Constitución Política, al obligarla a someterse a la nueva Dirección de Gestión de Deuda Pública.

La Policía de Control Fiscal (PCF), adscrita al Ministerio de Hacienda, intervino 26 negocios cerca del mercado La Coca-Cola, en San José, este jueves 2 de julio, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el contrabando. Esta es una de las estrategias con las que el Gobierno busca no subir impuestos y recaudar adecuadamente los que ya existen.

Una combinación de factores internos y externos presiona los costos de producción y los precios al consumidor, lo que podría provocar una aceleración de la inflación general en el corto plazo.

Para el Colegio, la medida contribuiría a reducir la competencia desleal entre pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, considera que fortalecería la trazabilidad de las transacciones comerciales realizadas mediante Sinpe Móvil y otros medios de pago.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, anunció el miércoles 24 de junio de 2026 que Costa Rica usará tecnología desarrollada en Israel por el Mossad para combatir la evasión fiscal y el contrabando. Para entender qué significa eso, hay que saber primero qué es el Mossad.

Durante una nueva edición de AT Live, la especialista en Derecho Laboral, Msc. Ana Isabel Borbón, aclaró las preguntas más frecuentes planteadas por patronos de distintos sectores, recordando que el cumplimiento de esta normativa no solo evita contingencias legales, sino que protege un derecho fundamental tanto de la persona trabajadora como del menor.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

El análisis trimestral de la economía, correspondiente al primer trimestre de 2026 y que incluye proyecciones para el segundo trimestre y el cierre del año, destaca una desaceleración significativa del crecimiento económico, impulsada por un entorno menos dinámico tanto a nivel interno como externo.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que en mayo el incremento en el precio de los combustibles provocó un aumento en la inflación, aunque la comparación interanual aún reporta un resultado de -0,97%.

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmaron una sentencia según la cual la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede hacer cobros retroactivos a los trabajadores independientes, para saldar supuestas diferencias en sus cuotas a la seguridad social, únicamente a partir de la revisión de sus declaraciones del impuesto sobre la renta.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La Contraloría General de la República (CGR) no pudo auditar si las instituciones públicas cumplieron la regla fiscal durante 2025. La razón: una acumulación de excepciones y cambios normativos que hicieron imposible la tarea.

La misión anual del Fondo Monetario Internacional confirmó el buen comportamiento económico del país, así como un marco de gobernanza financiera alineado con estándares internacionales.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular las criptomonedas y fortalecer los controles contra el lavado de dinero.

El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, presentó este lunes a integrantes del equipo directivo que lo acompañará en el fortalecimiento de la recaudación y la lucha frontal contra la defraudación fiscal, los dos ejes que definen el mandato de esta área.

Las principales cámaras del sector productivo costarricense instaron al Poder Ejecutivo a atender con prioridad la disputa comercial con Panamá y reiteraron el llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo y el cumplimiento de las reglas del comercio internacional.

El gasto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría superar al del Gobierno Central en los próximos años si se mantiene la tendencia sostenida al alza que ha registrado la institución en materia presupuestaria, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR).

El Instituto Nacional de Seguros (INS) emitió una orden de compra para adquirir 1,6 millones de etiquetas para el marchamo digital.

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

La Contraloría General de la República señaló a la Asamblea Legislativa que no es posible realizar una auditoría sobre el cumplimiento de la regla fiscal debido a la acumulación de excepciones a la ley.

La representación patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respaldó una serie de reformas para flexibilizar el aseguramiento de trabajadores independientes, en un intento por reducir las barreras que hoy mantienen a cientos de miles de personas en la informalidad laboral.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) entregó a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa —tanto de la Alianza Opositora como de la Fracción Oficialista una agenda de políticas públicas y reformas legislativas para el período 2026–2030, centrada en corregir distorsiones económicas que, según el organismo, afectan directamente el bienestar de la población.