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La investigación, titulada Impuestos al tabaco en Costa Rica: retrasar la edad de inicio y proteger la salud pública, utiliza modelos estadísticos para demostrar que el precio es la barrera más efectiva contra la adicción. Según el documento, si el país incrementara los impuestos en un 83% sobre el precio final, se lograría un retraso de casi dos años en la edad de inicio del consumo entre personas mayores de 20 años.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

Las exportaciones de bienes desde Costa Rica totalizaron $9.353 al mes de mayo, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación al acumulado de los primeros cinco meses de 2025, informó este martes la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

El próximo 30 de junio vence el plazo para realizar el primero de estos adelantos, que se completan con otros dos pagos en setiembre y diciembre. Cada desembolso equivale al 25% del impuesto total correspondiente al ciclo fiscal, mientras que el 25% restante se cancela en marzo del año siguiente, junto con la declaración definitiva del tributo.

Las exoneraciones de las empresas en régimen de zona franca representan el mayor beneficio tributario del país. Aun así, el gobierno descarta revisarlas de cara a su próximo plan para aumentar los ingresos del Estado

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una propuesta para que el Ministerio de Hacienda mantenga sus depósitos en las cuentas del emisor a cambio de recibir el pago de rendimientos a distintos plazos.

Durante una nueva edición de AT Live, la especialista en Derecho Laboral, Msc. Ana Isabel Borbón, aclaró las preguntas más frecuentes planteadas por patronos de distintos sectores, recordando que el cumplimiento de esta normativa no solo evita contingencias legales, sino que protege un derecho fundamental tanto de la persona trabajadora como del menor.

Eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agado (IVA) a los productos de la canasta básica para los hogares de mayores ingresos es una de las alternativas que el Ministerio de Hacienda analiza como parte de una eventual reforma de largo plazo al sistema de beneficios tributarios.

La disminución del valor del dólar frente al colón ha provocado que muchas empresas y trabajadores analicen la posibilidad de modificar la moneda en que se pagan los salarios. Sin embargo, una decisión apresurada podría generar riesgos legales importantes para los empleadores.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

Las salas de lactancia continúan siendo un tema de gran interés para los empleadores en este 2026, especialmente ante las dudas sobre su implementación, requisitos y cumplimiento de la normativa laboral. Conocer las obligaciones y mejores prácticas es fundamental para evitar incumplimientos y garantizar un entorno adecuado para las personas trabajadoras.

La inflación interanual en Costa Rica acumula tres años por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), fijado en ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

La posición de Acosta no es reciente, ya desde 2018, cuando era viceministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, abogó por aplicar un IVA general de 13% a todos los bienes y servicios, y luego establecer un mecanismo que devolviera parte de los recursos recaudados a los estratos más pobres de la población.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que en mayo el incremento en el precio de los combustibles provocó un aumento en la inflación, aunque la comparación interanual aún reporta un resultado de -0,97%.

El análisis trimestral de la economía, correspondiente al primer trimestre de 2026 y que incluye proyecciones para el segundo trimestre y el cierre del año, destaca una desaceleración significativa del crecimiento económico, impulsada por un entorno menos dinámico tanto a nivel interno como externo.

La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.

El cambio de condiciones salariales de dólares a colones es un tema que ha cobrado relevancia en este 2026, especialmente por las implicaciones laborales que puede tener para empleadores y personas trabajadoras. Una modificación de este tipo requiere un análisis adecuado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar conflictos laborales.

El Ministerio de Hacienda descartó que el plan fiscal que presentará al Poder Ejecutivo contemple nuevos impuestos o aumentos en las cargas tributarias actuales, según el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

En sus declaraciones, el ministro deslizó de forma explícita una de las medidas más sensibles del eventual paquete: elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que hoy pagan los bienes de consumo esencial. “Consideren ustedes subir el impuesto, el IVA a la canasta básica, consideren ustedes varias opciones”, expresó al describir el abanico de alternativas sobre la mesa.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) propuso imponer un arancel adicional de 12,5% a los productos provenientes de Costa Rica, tras concluir que el país no cuenta con una prohibición efectiva para importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La experta recordó que no se trata de presentar nuevamente la información reportada en marzo, ya que cada declaración debe reflejar la realidad económica y financiera del período fiscal correspondiente. Por esta razón, replicar la información utilizada para el período 2024 podría generar inconsistencias y errores relevantes ante una eventual fiscalización.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.

La Contraloría General de la República (CGR) no pudo auditar si las instituciones públicas cumplieron la regla fiscal durante 2025. La razón: una acumulación de excepciones y cambios normativos que hicieron imposible la tarea.

La misión anual del Fondo Monetario Internacional confirmó el buen comportamiento económico del país, así como un marco de gobernanza financiera alineado con estándares internacionales.

Según se analizó durante el programa, uno de los principales retos jurídicos radica en demostrar una afectación inmediata, ya que actualmente la obligación todavía no ha entrado en vigencia, lo que podría dificultar la admisión de una medida cautelar desde una perspectiva procesal.