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El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.736) que propone una amplia reforma a la Ley General de Aduanas (Ley 7557), entre cuyos principales cambios figura elevar de $5.000 a $20.000 el umbral para que el contrabando constituya un delito y trasladar los casos de menor cuantía al régimen de infracciones administrativas cuando corresponda.

Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

Mantener la información registrada correctamente y atender oportunamente los requerimientos de la Administración Tributaria es fundamental para evitar retrasos y posibles sanciones.

Este fue el tema analizado por el director de Actualidad Tributaria, MDT. Raymundo Volio, durante el más reciente AT Live, en el que explicó cuáles son las principales reformas que se discuten actualmente, qué medidas podrían implementarse en el corto, mediano y largo plazo, y cuál sería su impacto para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.

Las reformas tributarias y el fortalecimiento de las sanciones continúan marcando la agenda fiscal en este 2026. Conocer los cambios que se están impulsando y las nuevas facultades de fiscalización es fundamental para que los contribuyentes puedan anticiparse, cumplir correctamente con sus obligaciones y reducir riesgos ante la Administración Tributaria.

Uno de los aspectos que más preocupa a los contribuyentes es el régimen sancionatorio. La omisión en la presentación de la D-270 puede generar multas calculadas sobre los ingresos del período fiscal anterior, sujetas a los límites establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Durante un reciente AT Live, el especialista tributario Lic. Aldo Longhi explicó que la D-270 tiene como objetivo informar las compras y ventas de bienes y servicios que no están respaldadas por un comprobante electrónico, permitiendo a Tributación fortalecer sus mecanismos de control y cruces de información.

La declaración D-270 es una de las obligaciones tributarias que requiere especial atención por parte de los contribuyentes en este 2026.

La presentación extemporánea de la declaración informativa de precios de transferencia puede convertirse en una importante contingencia para las empresas obligadas a cumplir con esta obligación tributaria. Más allá de las sanciones económicas previstas por la normativa, el incumplimiento puede dar lugar a requerimientos de la Administración Tributaria y aumentar el riesgo durante un eventual proceso de fiscalización.

La presentación tardía de la declaración de precios de transferencia puede convertirse en un riesgo importante para los contribuyentes en este 2026. El incumplimiento de los plazos establecidos puede generar sanciones, requerimientos por parte de la Administración Tributaria y otras responsabilidades fiscales que pueden afectar a las empresas.

La disminución del valor del dólar frente al colón ha provocado que muchas empresas y trabajadores analicen la posibilidad de modificar la moneda en que se pagan los salarios. Sin embargo, una decisión apresurada podría generar riesgos legales importantes para los empleadores.

La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.

La nueva declaración de precios de transferencia representa uno de los cambios más relevantes para los contribuyentes en este 2026. Comprender sus alcances, la información requerida y los nuevos criterios de presentación es fundamental para evitar inconsistencias, ajustes fiscales y posibles sanciones.

Con la entrada en vigencia de la nueva reforma en la legislación sobre lactancia materna, se registraron cambios significativos en los derechos de lactancia en el trabajo y obligó a las organizaciones a replantear espacios, tiempos y políticas internas para su debido cumplimiento.

La Administración Tributaria comenzará a fiscalizar la contabilidad de los contribuyentes con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de enero de 2027, según la nueva resolución comentada durante el AT Live de esta semana.

Abril no es un mes más en el calendario fiscal. Si usted tiene un negocio, una sociedad o incluso está en el régimen simplificado, este mes puede definir si su operación está ordenada o si enfrenta sanciones.

Las sociedades inactivas, las asociaciones solidaristas y las organizaciones sin fines de lucro tienen importantes obligaciones tributarias que cumplir a más tardar el próximo 30 de abril.

Las diferencias cambiarias son un aspecto clave en la determinación de la base imponible para los contribuyentes en este 2026. Una incorrecta aplicación de los tipos de cambio o un registro inadecuado puede generar distorsiones en los resultados fiscales, así como ajustes y posibles sanciones por parte de la Administración Tributaria.

La resolución de proporcionalidad es un elemento clave para aquellos contribuyentes que realizan tanto actividades gravadas como exentas en este 2026. Una incorrecta determinación del porcentaje de crédito fiscal puede generar diferencias con la Administración Tributaria, ajustes y posibles sanciones.

Con el objetivo de otorgar el tiempo necesario para que contribuyentes que deben presentar la Declaración 270 “Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos que no estén amparados en un comprobante electrónico” y requieren adaptar los sistemas informáticos a las condiciones de esta obligación, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda informó que modificó los plazos para su presentación.

La declaración del impuesto sobre la renta es una de las obligaciones tributarias más relevantes para los contribuyentes en este 2026. Presentarla con errores, omitir información o no analizar sus efectos fiscales puede generar diferencias con la Administración Tributaria, sanciones e incluso procesos de fiscalización.

Las personas y empresas que realizan actividades lucrativas en Costa Rica deben cumplir cada año con la declaración del impuesto sobre las utilidades. Este trámite corresponde al período fiscal anterior y su incumplimiento puede generar sanciones económicas.

Los errores en la aplicación de la proporcionalidad se han convertido en uno de los principales retos para los contribuyentes en este 2026. Identificarlos a tiempo y comprender cómo corregirlos es clave para evitar sanciones, ajustes fiscales y contingencias futuras.

Las inconsistencias en TRIBU-CR se han convertido en uno de los principales retos para los contribuyentes en este 2026. Identificar errores y saber cómo corregirlos a tiempo es clave para evitar sanciones, atrasos en sus gestiones y posibles consecuencias fiscales.

¿Siente que los impuestos están frenando el crecimiento de su negocio? No permita que la falta de información le haga pagar de más o arriesgarse a sanciones.

Nueva Declaración D270 Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos. Está preparado para su presentación y evitar sanciones?

Los cambios que el Ministerio de Hacienda aplicará a partir de 2026 modificarán la forma en que las personas profesionales en contabilidad gestionan sus obligaciones informativas. El nuevo esquema incluye formularios actualizados, plazos más estrictos y sanciones reforzadas, por lo que los contribuyentes deberán prepararse con antelación.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco Castro, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.272) que establece una moratoria de cuatro meses para la aplicación de sanciones, mora, intereses y multas relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondientes a las declaraciones de los periodos de setiembre a diciembre de 2025.

El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica informó que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la solicitud de medida cautelar provisionalísima interpuesta el pasado 24 de octubre contra el Estado a través de la figura del Ministerio de Hacienda, por las fallas en la nueva plataforma TRIBU-CR.