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Una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (8.757), ya aprobada en primer debate por los diputados, se convirtió en blanco de críticas por parte de expertos legales.

Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC) de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa se enfrascaron en una agria discusión con el oficialismo sobre mociones que permitan al Ministerio de Hacienda, el ICD y la Fiscalía pedir medidas cautelares ante un juzgado contencioso administrativo para que pueda investigar el crecimiento dudoso de capitales.