El poder de la información fiscal

Actualización de tramos y montos no generará ningún incremento en impuesto a la propiedad de vehículos para el 2025

El Ministerio de Hacienda informó este miércoles, que para el periodo 2025, aproximadamente, 1.6 millones de vehículos que están sujetos al pago de los derechos de circulación(marchamo), cancelarán una suma menor del impuesto a la propiedad, y que aquellos con más de 15 años pagarían el mismo monto del 2024.


Si bien el monto de este impuesto se pondrá a disposición a partir del 01 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Seguros publique el rubro por concepto de derechos de circulación, la depreciación establecida en la ley y la actualización de los tramos realizada por Hacienda, permiten asegurar que estas unidades no experimentarán aumentos en el impuesto a pagar, con respecto al periodo anterior.


Esta semana se publicó en La Gaceta el Decreto N° 44658-H, que actualiza los tramos utilizados para el cálculo de los valores fiscales de los vehículos, aeronaves y embarcaciones, el cual se utiliza como base para el cobro del impuesto del de periodo 2025.

Los nuevos tramos y tasas son los siguientes:
Este mismo decreto actualiza los valores de los tramos sobre los cuales se calculará el impuesto para las motocicletas:

En cuanto al impuesto para taxis, autobuses y vehículos de carga pesada, la ley establece un monto fijo del dos por ciento de un salario base, que para el 2025 se mantiene sin variación y será de ¢ 9.200.

El último día para pagar este impuesto, sin multas, es el 31 de diciembre de 2024. Quien incumpla con esta obligación deberá pagar una multa del 10% mensual, por cada mes de atraso, porcentaje que se aplicará sobre el monto del impuesto cobrado, más los intereses que corresponda.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores y en la Ley de creación del CONAVI, un 50% de los ingresos se destina a este Consejo para la atención de la red vial nacional, y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas.


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