La última estimación divulgada por el Ministerio de Hacienda, con datos correspondientes a 2022 y publicada en 2025, revela que la brecha tributaria podría representar alrededor de un 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos ¢4 billones ($7.800 millones).
La brecha es la diferencia entre el impuesto potencial que se habría recaudado si todos los contribuyentes cumplieran plenamente la legislación vigente y la recaudación efectiva. Es decir: el monto de impuesto que el fisco deja de percibir por incumplimiento (evasión, subdeclaración, morosidad, etc.).
Esta cifra evidencia que una parte importante del desafío fiscal no está únicamente en crear nuevas cargas tributarias, sino en cerrar las brechas que permiten que recursos que deberían ingresar al Estado no sean recaudados.
Ante este escenario se suma un nuevo reto: el crecimiento de los pagos digitales mediante Sinpe Móvil, una herramienta que se convirtió en parte del día a día de los costarricenses, pero que también abrió una discusión sobre la fiscalización de actividades comerciales que podrían operar sin factura electrónica.
La preocupación se centra en que algunas transacciones comerciales realizadas por esta vía pueden quedar fuera del control tributario por la falta de comprobantes que permitan rastrear correctamente cuándo se utilizan como medio de pago en una actividad económica gravable.
Otro de los puntos bajo análisis es el nivel de exoneraciones existentes y la necesidad de revisar beneficios fiscales que reducen la base de ingresos del Estado.
En este contexto, la recaudación tributaria pasó de representar un 17,8% del PIB en 2021 a un 14,42% en 2025, según datos del Ministerio de Hacienda.
Esta caída en los ingresos llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a plantear una hoja de ruta para fortalecer la recaudación, con medidas que incluyen gravar algunos productos como la canasta básica, el salario escolar y el aguinaldo y ampliar la base del impuesto sobre la renta.
Ahora, la decisión está en manos de Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, que deberá presentar su propuesta fiscal en las próximas semanas y definir si el camino será crear nuevos impuestos o avanzar con su promesa de “cobrar los impuestos como Dios manda”.
Incumplimiento tributario
La estimación de incumplimiento tributario proviene de un estudio del Ministerio de Hacienda publicado en el 2025, aunque con datos correspondientes a 2022.
El análisis incorpora la evasión, elusión y mora fiscal, y se concentra en tres grandes áreas: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas y el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
No contempla las exoneraciones fiscales dentro de esta medición.
Los datos evidencian que la brecha tributaria se mantiene como un reto para las finanzas públicas.
En 2019, el incumplimiento tributario representaba un 5,14% del PIB, mientras que en 2022 alcanzó un 5,7%.
El IVA concentra una de las mayores pérdidas relativas dentro del sistema tributario.
Aunque mostró una mejora en 2022, la brecha de incumplimiento representó un 2,38% del PIB, luego de alcanzar un 2,94% en 2021. Parte de esta reducción se relaciona con el impacto de la reforma tributaria aprobada en 2018.
En el caso del impuesto sobre la renta empresarial, el incumplimiento se mantiene en niveles elevados.
La brecha del Impuesto sobre la Renta a las Personas Jurídicas llegó a representar un 1,99% del PIB en 2022, tras alcanzar un máximo de 2,78% en 2020.
En términos generales, el monto de la evasión reduce la capacidad del Estado para financiar infraestructura, educación, salud y otros servicios públicos.
Fabio Salas Chinchilla, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, señaló que existe una necesidad imperante de aumentar la recaudación tributaria, especialmente porque Costa Rica mantiene una presión fiscal relativamente baja en comparación con países desarrollados.
Como referencia, explicó que según la OCDE, la relación entre impuestos y PIB de Costa Rica fue de 24,9% en 2023, mientras que el promedio de los países miembros del organismo alcanzó 33,9% (OCDE, Revenue Statistics 2024 - Costa Rica).
En términos prácticos, Salas destacó que la evasión fiscal genera varios efectos principales:
Aumenta la presión sobre el déficit fiscal, debido a que el Estado recauda menos recursos de los que debería obtener.
Incrementa la necesidad de endeudamiento o de recortes en el gasto público, limitando el margen de acción del Gobierno.
Reduce la capacidad de inversión pública, especialmente en infraestructura, seguridad, educación y servicios públicos.
Debilita la confianza ciudadana, al generar la percepción de que el pago de impuestos no es equitativo entre contribuyentes.
Sinpe Móvil
Uno de los principales desafíos para Hacienda está relacionado con el crecimiento de los pagos digitales. Sinpe Móvil se convirtió en una herramienta de uso masivo, pero también abrió una brecha de control cuando se utiliza para actividades comerciales sin factura electrónica.
El exministro de Hacienda, Elian Villegas, ha señalado que Sinpe Móvil es un “megaevaducto fiscal”, debido a que muchas transacciones comerciales se realizan por esta vía sin respaldo fiscal, lo que podría generar pérdidas significativas para el Estado.
Durante 2025, las transacciones realizadas mediante Sinpe Móvil alcanzaron alrededor de ¢12,5 billones.
“Si aproximadamente la mitad correspondiera a pagos comerciales sin comprobante fiscal, existiría una base potencialmente no declarada cercana a ¢6,25 billones. Al aplicar el IVA del 13% sobre ese monto, la pérdida potencial para el fisco rondaría los ¢812.500 millones, equivalente a cerca de un 1,5% del PIB”, estimó.
Villegas añadió que este cálculo corresponde únicamente al impuesto al valor agregado, por lo que, al incorporar el impuesto sobre la renta, la pérdida de ingresos sería aún mayor.
El abogado tributario Mario Hidalgo aseguró que actualmente no existe un mecanismo automático que diferencie una transferencia personal de una comercial, por lo que cualquier retención automática sería imprecisa y tendría poco impacto fiscal sin esa diferenciación.
En ese sentido, señaló que el problema no es el uso de Sinpe, sino la ausencia de comprobante electrónico.
“Incorporar esta medida permitiría hacer controles cruzados sin imponer nuevos impuestos, asegurando que las transacciones comerciales estén debidamente respaldadas tanto para comerciantes como para contribuyentes”, explicó.
Como posible solución, Villegas planteó que Costa Rica podría adoptar un modelo similar al de España, donde existe un reporte sistemático de transacciones comerciales para facilitar la fiscalización.
La reforma fiscal que viene
El Gobierno todavía no define las medidas finales de la próxima reforma fiscal planteada por el presidente Rodrigo Chaves, pero entre las opciones analizadas se encuentran una eventual reforma al impuesto sobre la renta y una mayor fiscalización de actividades económicas, aunque ya dejó claro que quedarán por fuera las exoneraciones a las zonas francas.
El debate ocurre en un contexto en el que las proyecciones de Hacienda muestran que la deuda pública seguirá siendo un reto en los próximos años.
En el último estudio del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se estima que la deuda podría superar el 67% del PIB en 2031 si no se implementan ajustes.
En este contexto, Mario Hidalgo coincide en que existen medidas estructurales urgentes para combatir la evasión fiscal y mejorar el sistema tributario.
“Si se lograra eliminar la pérdida anual de aproximadamente ¢4 billones en evasión, se podrían construir 560 escuelas o para financiar hospitales, obras de infraestructura y programas sociales", estimó.
Además de los cambios ya mencionados en Sinpe Móvil, plantea endurecer sanciones y acelerar procesos por parte de la Dirección General de Tributación y Aduanas para lograr un cobro más ágil y eficiente.
También propone cerrar las brechas que facilitan la evasión del Impuesto sobre la Renta mediante una mayor regulación de precios de transferencia y la restricción a la deducibilidad de intereses en jurisdicciones no cooperantes.
Asimismo, sugiere una reforma integral del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para modernizar los procesos de control y fiscalización, así como una revisión del régimen tributario debido a la disparidad entre la tasa aplicada a empresas en zonas francas y el resto del aparato productivo.
Posibles soluciones
Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos, considera que antes de plantear nuevas reformas tributarias es prioritario fortalecer los procesos de fiscalización, cobro y seguimiento de deudas, además de generar condiciones que incentiven la formalidad y el crecimiento económico.
“El sistema tributario actual es complejo y genera altas cargas administrativas, lo que afecta especialmente a las pequeñas empresas y contribuye a su alta mortalidad en el primer año de operaciones. Por esta razón, crear nuevos tributos no es la solución para resolver el déficit fiscal ni la informalidad”, señaló.
Por su parte, Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de Actualidad Tributaria, advierte que aumentar los ingresos es prioritario, ya que, de lo contrario, el Estado debe recurrir al endeudamiento o a la reducción del gasto público, aunque esta última opción tiene un margen limitado por las necesidades permanentes del país.
Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo.
A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión. También destacó que la reforma del IVA de 2018 fue un avance importante, pero el reto está en la aplicación de los controles.