La Contraloría General de la República (CGR), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, advirtió de que un recorte presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda podría llevar a la institución a un eventual cierre técnico.
Mediante los oficios MH-DM-OF-387-2026, del 6 de abril, y MH-DM-OF-0724-2026, del 24 de junio, Hacienda pidió a la CGR presentar una propuesta para reducir, al menos en un 5%, el presupuesto vigente correspondiente al ejercicio 2026. Además, solicitó ajustar en el mismo porcentaje los límites máximos de gasto previstos para el 2027.
Sin embargo, según la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, aplicar esa reducción dejaría a la institución sin los recursos necesarios para sostener su funcionamiento, lo que la conduciría a un cierre técnico.
Así lo manifestó en el oficio DC-0174, remitido el pasado 3 de julio al expresidente de la República y actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, como respuesta a la petición formulada por esa cartera.
“Considerando nuestros altos niveles de ejecución, las limitaciones de gasto que nos han sido impuestas así como las buenas prácticas de la gestión presupuestaria recogidas en los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, ceder un cinco por ciento de nuestro presupuesto llevaría en la práctica a un cierre técnico de la institución”, advierte Acosta.
“(Hacer esto) a todas luces violenta nuestro marco constitucional y legal, e incide directamente en la independencia institucional que procuró y defendió para la Contraloría General, el constituyente”, agrega, de acuerdo a la información del ente fiscalizador hecha pública este lunes.
La advertencia de la Contraloría se produce en medio de una relación marcada por constantes roces entre el órgano fiscalizador y la pasada administración de Chaves.
La Nación consultó este lunes al Ministerio de Hacienda sobre los señalamientos de la CGR, así como sobre el eventual cierre técnico advertido por la institución y se está a la espera de respuesta.
CGR reclama crecimiento presupuestario desigual
En su escrito, la Contraloría afirmó que el comportamiento del presupuesto durante la última década refleja un trato desigual respecto al resto del Estado. Según la institución, mientras el Presupuesto de la República aumentó un 57% en los últimos diez años, el de la CGR apenas creció apenas un 1,91%.
A criterio del órgano fiscalizador, esa diferencia evidencia que, aunque la cantidad de entidades y recursos públicos sujetos a control ha aumentado de forma significativa, los recursos asignados a la institución que los debe vigilar prácticamente permanecieron estancados.
La Contraloría añadió, además, que el techo presupuestario definido por el Ministerio de Hacienda para el 2027, incluso sin aplicar el recorte adicional del 5%, se ubica por debajo del presupuesto inicial aprobado en el 2015. Según señaló, esa proyección no contempla el aumento en el costo de vida, las mayores necesidades operativas ni las nuevas funciones que ha asumido la entidad durante la última década.
Como ejemplo, citó la reciente Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N.° 10949), que, según indicó, duplicó las labores relacionadas con las declaraciones juradas sin que se asignaran recursos adicionales para atender esas responsabilidades.
“Estas decisiones del Poder Ejecutivo han venido evidenciando, sin necesidad de manifestarlo expresamente, una forma de atentar contra el cumplimiento de nuestras responsabilidades constitucionales”, sostiene el oficio firmado por la contralora general, Marta Acosta.
Además, la institución cuestionó que, mientras la regla fiscal permitiría un crecimiento de hasta un 4,08% en el gasto corriente del Presupuesto de la República para el 2027, a la Contraloría se le mantuviera un crecimiento de cero respecto al presente año.
Contraloría reconoce que puede rebajar ¢100 millones
Pese a su posición, Marta Acosta reconoció que la institución identificó ¢100,3 millones del presupuesto del tercer y cuarto trimestre del 2026 que pueden rebajarse sin comprometer su funcionamiento, aunque aclaró que esos recursos siguen siendo de utilidad para el desarrollo eficiente de sus funciones.
No obstante, advirtió que ese margen no existe para el 2027 y que, por el contrario, el panorama es distinto.
“Para el año 2027 no es posible identificar recortes sin afectaciones importantes o sin incumplimiento de los propios lineamientos técnicos emitidos por la cartera a su cargo. Efectuar los recortes solicitados sería menoscabar, de forma imprudente y grosera, la capacidad operativa de la Contraloría General de la República”, señaló Acosta.
En ese sentido, la contralora reiteró que la institución requiere ¢796 millones adicionales para el próximo ejercicio presupuestario. Aunque esos recursos fueron solicitados oportunamente, no recibieron autorización, lo que, a su criterio, ya representa un recorte respecto de las necesidades de la entidad.
Como alternativa a nuevos recortes presupuestarios, la Contraloría planteó a Hacienda dos medidas para generar ahorros.
La primera consiste en revisar la estrategia de manejo de liquidez del Gobierno, al considerar que el saldo del Fondo General se ha mantenido muy por encima del nivel que históricamente utiliza el Ministerio como reserva. Según la entidad, administrar de forma más eficiente esos recursos evitaría mantener fondos ociosos y reduciría el pago de intereses.
Además, propuso acelerar la implementación del Sistema de Cuentas del Sector Público (SCSP), previsto en la Ley N.° 10495. La Contraloría señaló que ese mecanismo ya ha permitido generar ahorros por intereses mediante la incorporación de recursos públicos y sostuvo que una integración más amplia de entidades al sistema incrementaría esos beneficios para la Hacienda Pública.