La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva más de un año sin contar con estados financieros institucionales aprobados.
La situación impide a la institución disponer de un panorama financiero consolidado y actualizado sobre sus operaciones.
La advertencia fue emitida por la Auditoría Interna en un oficio enviado a varias dependencias de la institución. El órgano fiscalizador recordó que los estados financieros están pendientes desde mayo de 2025 y señaló que, un año después, la Caja sigue sin completar ese proceso.
Para la Auditoría, el atraso no es un asunto menor. Los estados financieros son los documentos que permiten conocer la situación económica de una institución, cuánto posee, cuánto debe y cómo administra sus recursos.
Esa información sirve de base para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas ante organismos de control y la ciudadanía.
El problema tiene relación con diferencias detectadas en los registros de inventarios durante la migración de información al sistema ERP-SAP. Según la Auditoría, esas diferencias ascendían a ₡16.273 millones, equivalentes al 11% del saldo de inventarios reportado en mayo de 2025.
A raíz de esas inconsistencias, la institución ha tenido que realizar análisis y ajustes contables antes de poder concluir y presentar sus estados financieros.
La Auditoría advirtió que esas correcciones deben estar debidamente justificadas y respaldadas para garantizar que los datos reflejen la situación real de la institución.
El órgano fiscalizador también alertó sobre las implicaciones que tiene para la gobernanza y el control interno operar sin estados financieros institucionales aprobados durante un periodo tan prolongado.
Según el documento, la Junta Directiva, que no está debidamente conformada, debe recibir información clara, revisada y sustentada antes de aprobar los estados financieros. Esto permite que las decisiones se adopten con base en información confiable.
La preocupación no se limita al ámbito interno de la Caja. La Auditoría recordó que esos estados financieros son utilizados por entidades como la Contraloría General de la República, la auditoría externa, la Asamblea Legislativa y la ciudadanía para fiscalizar la gestión institucional.
El informe señala además que distintas instancias han venido requiriendo el cierre de los estados financieros pendientes, tales como la Dirección General de Contabilidad Nacional.
La Auditoría Interna dio el plazo un plazo de un mes para informar sobre las acciones adoptadas para concluir el proceso de los estados financieros.
Alerta desde la Contraloría
La preocupación por la ausencia de estados financieros actualizados no se limita a la Auditoría de la CCSS.
Recientemente, la contralora general, Marta Acosta, advirtió que la institución no cuenta con estados financieros actualizados.
A su criterio, esa situación genera incertidumbre sobre la solvencia de regímenes como el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Régimen No Contributivo y el Seguro de Enfermedad y Maternidad.
La jerarca también señaló que la falta de información financiera impide completar la consolidación de los estados financieros del sector público nacional con la totalidad de las instituciones.
Durante su comparecencia, Acosta vinculó parte de las dificultades con la implementación del sistema ERP de la CCSS. Además, advirtió sobre la necesidad de atender la situación por las implicaciones que tiene para la transparencia financiera de la institución y para la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones.
La contralora hizo estas observaciones en medio de otra preocupación financiera que se relaciona con la Caja: el impago de transferencias estatales por ¢450.621 millones. Según explicó, habían sido aceptadas por el Ministerio de Hacienda, pero no fueron registradas ni pagadas como gasto.