La reducción en el impuesto de la renta para los trabajadores independientes pasó de ser un proyecto sin oposición, a un expediente votado en contra únicamente por el oficialismo, y a las puertas de su segundo debate, fue enviado a consulta a la Sala Constitucional, con lo que se evidenció su ascenso a tema mayor para el Gobierno, que incluso podría valorar un veto.

El proyecto 23.578, rebaja en el impuesto de la renta para las personas trabajadoras, fue aprobado en la comisión de Hacendarios en forma unánime el pasado 13 de marzo, pero para su votación en primer debate, el 23 de setiembre, el oficialismo se opuso, pero quedó en minoría (33 a 7) y decidió elevar el tono el pasado jueves 3 de octubre, al impedir su votación en segundo debate, primero evitando sutilmente el quórum en la comisión de redacción para que el trámite no se completara, y posteriormente, logrando dos firmas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para enviar el expediente a consulta perceptiva a la Sala Constitucional.

Es decir, lo que era una propuesta sin oposición, se convirtió en pulso entre el Gobierno y el Frente Amplio (FA), impulsor de la propuesta. El diputado Jonathan Acuña cuestionó que Zapote no hubiera externado oposición durante el trámite, al punto de ni siquiera proponer reformas, y ahora recurra a diferentes maniobras para tratar de evitar su avance, incluyendo una conversación con el ministro de Hacienda Nogui Acosta en la que mencionó la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves vete el proyecto.

El proyecto fue justificado por Acuña como una forma de cerrar la brecha salarial, y ajustar el pago del impuesto sobre la renta para que las personas trabajadoras independientes que ganan menos, aporten menos a Hacienda. “Al día de hoy, por ejemplo, una persona trabajadora asalariada comienza a pagar un impuesto sobre la renta (al ganar) por encima de los ₡900 mil mensuales, mientras que una persona trabajadora independiente tiene que comenzar a pagar el impuesto sobre la renta por encima de ₡350 mil. Imaginen ustedes el trato tan desigual”, indicó.

Se trata de una condición que afecta a un grupo de trabajadores que en su mayoría obtiene ingresos limitados: un 49% percibe menos de un salario mínimo, y un total de un 84% obtiene dos salarios mínimos o menos.

Además, se un grupo en aumento: los trabajadores independientes en Costa Rica pasaron de 400 mil en el 2010, a 536.924 en el 2022. De estos, solo un 42% tiene seguro de salud, que debe cancelar por su cuenta, lo que deja más de 300 mil de estas personas sin seguro.

La propuesta del FA aumenta las categorías a partir de las cuales el trabajador debe contribuir con Hacienda: la exención se eleva de los ₡4,1 millones al año, vigente en la normativa actual, para pasar a ₡6,2 millones anuales. A partir de ahí, eleva los montos para las diferentes categorías de 10% (de ₡4,1 a ₡6,2 millones, a un rango de ₡6,2 a ₡8,3 millones), 15% (de ₡6,2 a ₡10,4 millones, a un rango de ₡8,3 a ₡10,4 millones), 20% (de ₡10,4 a ₡20,8 millones, a un rango de ₡10,4 a ₡14,4 millones) y 25% (de ₡20,8 millones en adelante, a un rango de ₡14,4 a ₡24 millones, y propuso nueva categoría de 26% para más de ₡24 millones).

Acuña asegura que este ajuste representa un costo de solo 0,01% del PIB, por lo que afirma que su impacto final en las cuentas del Estado es reducido, pero el oficialismo asegura que la propuesta no está equilibrada, y terminaría por tener y un costo entre ₡3 mil y ₡7 mil millones al año, lo que impactaría al fisco. No son cálculos contradictorios entre sí.

Empero, este debate ya pareciera haber superado la fase de las estimaciones financieras y haber entrado en el ámbito político duro.

El Gobierno ahora espera que la consulta a la Sala Constitucional, con las ocho firmas de su bancada oficialista más dos del PUSC (Alejandro Pacheco y Carlos Robles) le permita recurrir, irónicamente, al mismo tribunal que derribó el proyecto Jaguar para el referendo, la iniciativa estrella de Zapote. Pero en el peor de los escenarios para el Gobierno (que no haya problemas de forma ni de fondo), le permitió obtener tiempo.

Para Acuña, se trató de simplemente una estrategia dilatoria, ya que asegura que en este campo no se presentó ninguna polémica ni incidente, ni hay materia que pueda rozar con la constitucionalidad, por lo que se trata de un tema de tiempo.

Pero ya no se trata simplemente de un proyecto más, que la oposición puede aprobar a disgusto del Gobierno. Ya esta iniciativa pareciera simbolizar una pieza clave en el pulso entre el ministro de Hacienda Nogui Acosta con las reformas que debilitan la carga tributaria.

“Es fundamental que, actores con alto poder de decisión, particularmente la Asamblea Legislativa, reconozcan que cualquier decisión que genere una disminución en los ingresos del Estado o incremente el gasto público sin generar las fuentes de financiamiento correspondientes, tendrá repercusiones negativas sobre la sanidad de las finanzas públicas costarricenses”, expresó Acosta durante la presentación del presupuesto ordinario para el 2025. En esa ocasión, llamó “cantos de sirena” a los llamados para reducir cargas tributarias o aumentar exoneraciones, y alertó que existían 37 proyectos de ley que recortaban ingresos al Estado.

Posteriormente, en una conferencia en setiembre, Acosta  identificó como 43 los proyectos que pretenden reducir la recaudación de impuestos, y solo 14 de ellos implicarían un recorte de ingresos para el Estado de ₡2,7 billones en caso de aprobarse; es decir, casi un 40% de los ingresos tributarios estimados para el 2025. No es una perspectiva estimulante para un presupuesto que ya es deficitario en un 3,3%.

En esta partida, el proyecto de la renta de trabajadores independientes pareciera haberse convertido en una pieza simbólica sobre el tablero. De ahí la escalada en la oposición desde Zapote.