Mayor peso para que Costa Rica salga de la 'lista gris' de la UE recae sobre entidades financieras, dice ministro de Hacienda

El pasado 8 de octubre, el Consejo de la Unión Europea (UE) decidió mantener a Costa Rica en una lista llamada “países que cooperan con la UE y tienen compromisos pendientes”. A esta lista también se le conoce informalmente como lista gris.


Dicho consejo está integrado por los ministros de los países que son parte de la UE. Mientras tanto, la lista tiene que ver con cumplimientos en materia fiscal.


La razón por la que la UE mantiene a Costa Rica en este grupo de países es porque no ha terminado de implementar una serie de cambios que le permitirían a la Administración Tributaria (Ministerio de Hacienda) recopilar datos de las entidades financieras para luego compartirlos con esos otros países de la UE, si fuese necesario.


El intercambio de información entre las naciones permite detectar prácticas fiscales irregulares por parte de ciudadanos o empresas.

“Mayor carga es de las entidades financieras”, dice el jerarca

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo a este medio que la próxima visita de los evaluadores europeos a Costa Rica está programada para marzo del 2025. Como resultado de dicha visita, se publicará un informe en noviembre del mismo año.

Por ahora, el jerarca asegura que estar en esta lista no significa ningún riesgo o peligro para el país. Si Costa Rica no cumple para el año próximo, tendrá que negociar con la UE.

“Tendremos que negociar con OCDE y la UE para ver las reformas normativas que se requieran, pero la mayor carga es de las entidades financieras“, señaló el jerarca en una conversación con este medio.

El jerarca explicó que el criterio que le hace falta cumplir al país tiene que ver con el intercambio automático de información, lo que permite cotejar datos entre países para evitar fraudes fiscales.

Ya se dio el primer paso para cumplir este criterio, mediante la aprobación de la ley 23.088, que modificó el artículo 106 quarter del Código de Normas y Procedimientos. Está vigente desde el 6 de mayo del 2024.

Dicho artículo establece la obligatoriedad para que las entidades financieras suministren a la Administración Tributaria “la información de sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios”.

Posterior a la aprobación de esta ley, el pasado 27 de setiembre, se rindió un informe ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que revise la efectividad de la norma. El ministro dice que el órgano de la OCDE encargado de revisar este informe sesionará en los próximos días, por lo que es esperable tener retroalimentación con prontitud.

Ministro de Hacienda: 6 entidades ya están verificadas y espera que sean 18 para marzo

Hacienda explicó a este medio que el requerimiento de información se estableció desde el año 2015, pero la reforma de este año dio potestades a Tributación para fiscalizar y sancionar a las entidades que incumplan con la normativa.

“El 50% fue la reforma legal. Ahora falta la implementación de la efectividad y es en lo que estamos trabajando con las entidades financieras para tener avances para marzo 2025 sobre los procesos de debida diligencia tributaria”, dijo Acosta.

Datos del jerarca indican que ya hay seis entidades verificadas y esperan tener 18 para marzo, cuando es la revisión.

Esta verificación indica que se revisaron los proceso de debida diligencia de cada entidad para consignar la información en el sistema.

“De tal manera que minimicemos el riesgo de que la información que se remita sea “mala””, aclaró Acosta.

Sugef: el efecto es cumplir estándares internacionales

Consultada por este medio, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) señaló que este mecanismo de intercambio de información escapa de sus funciones.

“El requerimiento de dicha información es única y exclusivamente a efecto de cumplir estándares internacionales en materia tributaria”, señaló el órgano a través de la oficina de prensa.

Sin embargo, indicó que en la medida ha propiciado un acercamiento y una adecuada comunicación entre las entidades financieras y la Administración Tributaria.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) indicó, por su parte, que por ahora no se referirá a este tema.

“La UE no es que es excesivamente paciente”

El director de Fiscalidad Internacional de Grant Thornton, Alonso Erak, recordó que en octubre del 2023 la UE sacó a Costa Rica de una lista que le ponía en una situación más desfavorable, pues lo catalogaba como un paraíso fiscal. Se conocía como Anexo 1 y de manera informal se le llamó “lista negra”.

Esto se hizo mediante una reforma a los gravámenes de las rentas pasivas extraterritoriales para empresas. El cambio fue en el criterio de territorialidad y al aplicarlo el país salió de dicha lista. Erak explica que esta “lista gris” es menos gravosa.

Coincide en que hay una “responsabilidad” compartida entre las entidades financieras y el Ministerio de Hacienda e informa que la calidad que se está entregando no es la óptima según estándares internacionales.

Por otro lado, explicó que la UE podría pedir a Costa Rica información sobre no domiciliados o no residentes, pero no sobre las cuentas de los nacionales.

Mientras tanto, Hacienda podría solicitarle a esos otros países datos de costarricenses que estén generando ingresos o tengan actividad económica en otros países del grupo europeo.

“No podemos estar tampoco en la lista gris por los siglos de los siglos. De hecho, las razones por las cuales estuvimos en el Anexo 1 conocido como la lista negra, fue porque estuvimos en la lista gris comprometiéndonos a arreglar cosas, nunca las arreglamos y la UE no es que es excesivamente paciente”, explicó el experto.

“Por el momento no tenemos ninguna repercusión (…) pero lo que sí es importante decir es que es necesario pasar la normativa que sea necesaria y también tenemos que garantizar la calidad de la información que se intercambia”, añadió Erak.

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