Si un Gobierno se define por sus frutos, no pareciera quedar duda de que el tema hacendario es la prioridad en la gestión de Rodrigo Chaves.
De los 110 proyectos de ley que presentó con la firma del Poder Ejecutivo, en los 30 meses de su administración (62% del total), 37 están vinculados a temas hacendarios; un 33,6% del total. Quiere decir que de cada tres expedientes que presentó, uno correspondía a materia hacendaria.
Le siguen los proyectos relacionados con convenios internacionales, con 15 (13,3%) y, en tercer lugar, quedaron propuestas relacionadas con la gobernanza pública, principalmente reformas para dotar a ministros de más competencias, con 14, un 11,8% del total. (ver gráfico “Proyectos de ley presentados…”).
En principio, esto no resulta extraño, dado que el propio Rodrigo Chaves entró a la política nacional por la puerta del Ministerio de Hacienda, durante la administración de Carlos Alvarado. Sin embargo, durante su campaña resaltó que el principal problema del país no era la falta de recursos (“Costa Rica no es un país pobre, sino mal administrado”) y, más bien, enfatizó en temas como el combate a la corrupción, que en el balance queda muy rezagado (Ver nota aparte: “Agenda contra la corrupción de Chaves no carburó”).
El liderazgo de los temas hacendarios también se reflejó en la aprobación de leyes de la autoría del Poder Ejecutivo: de las 68 aprobadas por la Asamblea Legislativa al corte del 31 de octubre, 26 correspondieron a propuestas del anterior Gobierno de Carlos Alvarado (38%), y 42 a leyes con el ADN de Chaves (62%).
De esas 42 leyes, 23 se ubicaban en materia hacendaria (55% del total), mientras 10 eran convenios internacionales (24%), y 3 se relacionaban con temas de gobernanza pública (7%). (Ver gráfico: “leyes con ADN de Chaves”).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de estas leyes, 15 correspondían a la aprobación de presupuestos ordinarios y extraordinarios. Quiere decir que una tercera parte de las leyes gestadas en el Poder Ejecutivo de Chaves, se refieren a temas presupuestarios.
Aquí se debe tomar en cuenta la reducida fracción oficialista, que de las diez diputaciones originales se quedó con ocho, es decir, apenas un 14% del Plenario. Es la menor cantidad para cualquier Gobierno desde la Segunda República.
A esta limitada capacidad de votación se debe sumar la tirante relación de Chaves con la mayoría de las bancadas de la Asamblea Legislativa, lo que reduce sensiblemente las posibilidades de una negociación más fructífera para el Gobierno.
Ante ello, iniciativas claves para el Gobierno, como el proyecto 24.420 para reorientar el Fondo de Avales a Obras Viales, está firmado por diputados oficialistas, pero también del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (NR), aliados usuales en situaciones complicadas para Zapote.
Empero, si se quitan aprobaciones de presupuestos y convenciones internacionales, las leyes más relevantes con el sello de Chaves son un par de expedientes de seguridad (10.500, intervención de comunicaciones y 10.369., reforma a jurisdicción especializada en crimen organizado), la ley 10.437 contra la corrupción —hijo solitario de promesas en este campo— y la ley 10.524, el fortalecimiento de la gestión de la deuda pública, tema que no podía falta en esta administración.
No pareciera suficiente para ostentarse como el legado de la administración Chaves Robles y sus promesas de una revolución en la política de Costa Rica.