La austeridad fiscal “ortodoxa” aplicada actualmente en Costa Rica compromete los objetivos de desarrollo humano y no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Según el Informe Estado de la Nación 2024, el país requiere reformas que garanticen la solvencia estatal sin deteriorar el desarrollo humano sostenible.
El análisis indica que la implementación de la reforma fiscal de 2018 permitió reducir la brecha entre los gastos y los ingresos del Gobierno central de 8% a 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo 2020-2023.
No obstante, Costa Rica sigue gastando más de los ingresos que recibe. Entre 2022 y 2023, el déficit fiscal aumentó de 2,5% a 3,2% del PIB.
“Mientras el esquema tributario del país no sea actualizado, el tamaño del crédito del Gobierno siga siendo muy alto y el sector productivo que paga más impuestos crezca poco, el país seguirá enfrentando problemas de sostenibilidad fiscal, especialmente porque tampoco se han hecho cambios para mejorar la calidad de la gestión pública”, sostuvo Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación (PEN).
El informe reitera que es necesario iniciar una discusión en torno a la modernización del impuesto de renta, las tasas tributarias diferenciadas y las exoneraciones fiscales, que se siguen otorgando sin mecanismos de control ni evaluación.
También discutir sobre el impuesto mínimo global que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Vargas Cullell advirtió que el Gobierno no puede seguir priorizando la sostenibilidad fiscal a costa de la inversión pública porque a largo plazo causará un deterioro no solo en la calidad de vida de las personas y las oportunidades a las que tienen acceso, sino también en las capacidades del país para generar crecimiento económico.
Alivio temporal
En el periodo 2021-2023, el componente que más contribuyó en el mejoramiento del balance fiscal fue el aumento en los ingresos del Gobierno Central. Sin embargo, esta mejoría resultó ser de carácter temporal, indica el informe.
De acuerdo con el documento, el crecimiento económico post pandemia de 2021 (7%), que ocasionó una recaudación de impuestos extraordinaria, no se espera en los próximos años.
A esto contribuyó un cambio legal para que los ingresos de ciertas entidades pasaran a contar dentro de los ingresos del Gobierno Central.
Además, el crecimiento de la base tributaria, al pasar de un impuesto de ventas (IV) a uno de valor agregado (IVA) ya habría alcanzado su tope. Tampoco se proyecta un crecimiento en los ingresos del Gobierno vía IVA.
“El mismo Ministerio de Hacienda proyecta que la mejoría en el balance fiscal en los próximos cinco años sea mucho menor (0,4% del PIB) que la experimentada entre el 2021 y el 2023 (1,6% del PIB)”, puntualizó Vargas Cullell.
Disminución
Otro elemento que contribuyó a la mejoría de las finanzas del país es la disminución anual del gasto público total.
Entre 2019 y 2023, pasó de 9% a 3% del PIB, respectivamente. Un ajuste que el informe califica como “ortodoxo”.
Pese a ese recorte, la deuda del Gobierno Central sigue estando en el umbral más crítico de la regla fiscal, al restringir las posibilidades de invertir, por ejemplo, en infraestructura y en políticas sociales. En 2023, la deuda pública alcanzó el 61% del PIB.
En 2021, el país tuvo la inversión de capital en infraestructura más baja desde 2009 (1,2% del PIB), la cual no ha levantado.
Entre 2019 y 2023, las partidas más afectadas por los recortes fueron educación pública, con una reducción de 1,5% del PIB, salud (-0,6% del PIB) y orden público y seguridad (-0,3% del PIB).
“La priorización de los objetivos fiscales sobre los de desarrollo humano que estamos viendo ahora se parece mucho a los paquetes de austeridad fiscal que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicó a muchos países entre los años 1980 y 2000”, aseguró Vargas Cullel.
En Costa Rica, las consecuencias de los paquetes fiscales a los que el director del PEN hace referencia llevaron a una generación de personas a salir de las aulas para buscar trabajo. Hoy en día muchas de ellas tienen acceso a empleos de baja calidad, con ingresos insuficientes o están en la informalidad.
El informe enfatiza que excluir objetivos explícitos sobre la política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental de una estrategia para la sostenibilidad fiscal “recarga en los territorios y poblaciones más vulnerables de la sociedad las consecuencias de recortar los servicios que la institucionalidad pública brinda”.
“Costa Rica no puede seguir por este camino. No debemos repetir el grave error de sacrificar la inversión social pública por cumplir con los objetivos fiscales. Para encontrar un balance es necesario empezar a discutir reformas profundas, como las que este informe recomienda”, concluyó Vargas Cullell.