Genera una carga desproporcionada

Estudio: IVA limita poder adquisitivo y aumenta pobreza de los hogares

La aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como está diseñado, genera una carga desproporcionada para los hogares de menores ingresos en Costa Rica.

Así lo advierte un análisis sobre las dificultades que enfrenta el país para garantizar de manera efectiva la proporcionalidad tributaria que realizó María del Pilar Ugalde, profesional en Contaduría Pública, docente e investigadora de la Universidad Hispanoamericana.

La docente sostuvo que con base en los datos analizados se evidenció que el sistema impositivo costarricense tiende a aumentar la pobreza entre los ciudadanos, exacerbando las desigualdades económicas existentes.

“Estos hallazgos sugieren la necesidad de revisar y reformar las políticas tributarias para promover una distribución más equitativa de la riqueza”, indicó.

Explicó que esta conclusión se basa en una revisión de la información del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas y la legislación vinculada con temas tributarios.

Recordó que también datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelaron que, a pesar de las reformas fiscales implementadas, como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, persisten problemas estructurales que limitan los beneficios esperados de la reforma.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sustituyó el antiguo impuesto de ventas por el IVA y gravó no solamente bienes, sino también servicios.

Esa modificación introdujo tarifas diferenciadas de 1%, 2%, 4%, 8%, 13% y, más recientemente, un 0,5% para la agricultura orgánica.

Ugalde mencionó que los datos evidencian que el sistema tributario costarricense tiene un impacto mínimo en la reducción de la desigualdad de ingresos y se ve afectado por la evasión fiscal, bases impositivas limitadas y exenciones excesivas.

Inconsistencias

El informe destaca que mientras Costa Rica aplica un IVA general del 13%, países como España, Alemania y México manejan tasas más elevadas, pero con mecanismos de exenciones y tasas diferenciadas más equilibrados.

En Costa Rica, las tasas reducidas incluyen un 1% para la canasta básica, 2% para la educación y 4% para medicinas, lo que genera confusión y dificultades administrativas.

“Las comparaciones con países como España, México y Alemania reflejan inconsistencias en la aplicación del IVA y las exenciones fiscales, lo que dificulta evaluar la eficacia de las políticas fiscales nacionales. En Costa Rica, sectores esenciales como la canasta básica, la docencia y la medicina están gravados, lo que genera controversia sobre la equidad en la distribución de la carga impositiva”, manifestó la investigadora.

Adicionalmente, la aplicación de la proporcionalidad tributaria ha mostrado efectos adversos en la economía nacional.

Puntualizó que entre 2012 y 2021 los informes del Ministerio de Hacienda reflejan un aumento en la morosidad del IVA del 19,39%, lo que podría indicar deficiencias en la gestión de la recaudación y falta de cumplimiento efectivo por parte de los contribuyentes.

Hallazgos

Según Ugalde, los principales hallazgos son los siguientes:

  • Desigualdad incrementada. La carga fiscal ha impactado negativamente a los sectores de menores ingresos.
  • Carga impositiva inequitativa. Los contribuyentes con menores ingresos soportan una mayor proporción de sus recursos.
  • Impacto negativo en el consumo. Las múltiples tasas del IVA han reducido el poder adquisitivo de los hogares de ingresos bajos y medios.
  • Falta de generación de riqueza. El sistema actual no ha demostrado mejoras significativas en la calidad de vida.

La académica aseguró que es necesario una revisión integral de las políticas fiscales, la simplificación del IVA y la implementación de estrategias para proteger a los sectores más vulnerables.

Además, fortalecer la educación fiscal y la transparencia en la gestión tributaria, así como implementar tecnologías  digitales que mejoren la eficiencia de la recaudación.

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