El Ministerio de Hacienda reafirma su compromiso con la protección de datos de los costarricenses y rechaza categóricamente las afirmaciones sobre el supuesto uso indebido de datos sensibles por parte de la Dirección General de Tributación (DGT). De igual manera, rechaza que dichos datos puedan ser empleados con fines electorales.
Este requerimiento de la Dirección de Inteligencia Tributaria de la DGT no es nuevo, la información relativa a los números telefónicos y los domicilios fiscales de los contribuyentes forman parte del Registro Único Tributario (RUT) que deben completar todas las personas que se inscriban como contribuyentes, por lo que, durante décadas, esta información ha sido proporcionada por los propios contribuyentes al momento de su registro.
Debido a que la DGT ha identificado inconsistencias o datos inexactos proporcionados por algunos contribuyentes, que dificultan el cobro de deudas tributarias, al amparo de la Ley, desde el año 2012, la Administración Tributaria ha venido solicitando información complementaria a las empresas proveedoras de servicios de electrificación y telefonía. Dichos datos se utilizan, exclusivamente, para investigar a presuntos infractores de las obligaciones tributarias, garantizando un uso responsable y específico de esta información.
Por ejemplo, entre los años 2020 y 2024, información proveniente de estas fuentes ha contribuido a la ejecución de más de 1.409.000 actuaciones tributarias, que permitieron determinar inconsistencias por ¢328.072 millones en actuaciones de control y adicionalmente, han coadyuvado a recuperar ¢256.278 millones en gestiones de cobro.
Adicionalmente, en este mismo periodo, la información proveniente de estas fuentes, ha permitido a la Dirección General de Hacienda recaudar, en la fase de cobro judicial, más de ¢56.500 millones. Además, ha contribuido en la formulación de planes de gestión y control tributario de las direcciones que conforman el área de Ingresos del Ministerio de Hacienda.
“La Dirección General de Tributación opera bajo un robusto marco legal que protege la privacidad de los datos de los contribuyentes y establece severas sanciones, incluyendo penas de cárcel, para quienes divulguen o hagan un uso indebido de estos datos. Reafirmamos nuestro respeto por la legalidad y nuestra dedicación a cumplir con nuestras funciones de manera ética, Los costarricenses pueden estar seguros que, la DGT resguarda la información que obtiene para atacar de frente y sin miedo el detestable crimen social que significa la evasión, y para poder recaudar los recursos que mejoran la calidad de vida de todos y todas”, aseguró Mario Ramos, director general de Tributación.
El director señaló que las siguientes normas facultan legal y ampliamente a la Administración Tributaria para solicitar, tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas, toda aquella información de trascendencia tributaria cuando la considere necesario, para cumplir con los fines que le fueron encomendados: el artículo 18 de la Constitución Política, los artículos 105, 107 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el numeral 43 del Reglamento de Procedimiento Tributario (Decreto Ejecutivo N° 38277-H ) y el artículo 8 de la Ley N° 8968 ( “Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales”) y su Reglamento. Asimismo, los artículos 93 bis, 94, 95, 96 y 97 del Código Tributario establecen sanciones para los funcionarios que violenten el principio de confidencialidad.