El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, respondió a la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de promover una nueva reforma tributaria en el país, orientada a incrementar los ingresos del Estado y mejorar la eficiencia del sistema impositivo.
En su informe final del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI para Costa Rica, publicado el 13 de mayo, la entidad recomendó revisar las exoneraciones fiscales vigentes sobre las utilidades. Además, sugirió implementar un modelo de renta dual y un impuesto mínimo global.
En conversación con La Nación, Acosta señaló que más allá de nuevos impuestos o una reforma tributaria más amplia, se necesitan instrumentos que faciliten el cobro de los tributos ya existentes y una mayor fortaleza para perseguir a los evasores.
El jerarca señaló que la cartera ha impulsado dos proyectos legislativos en esa línea. El primero, presentado en mayo de 2023 (expediente N.° 23.759), tiene como objetivo dotar a la Administración Tributaria de herramientas que permitan mejorar el cobro y la recuperación de montos adeudados, lo que contribuiría a una mayor eficiencia en la recaudación.
El segundo proyecto, tramitado bajo el expediente N.° 23.763, propone una mayor eficiencia en el control sobre las exoneraciones. Según el jerarca, esta ley busca impulsar y cumplir la ley que regula las exoneraciones y exigir a Hacienda a revisar y evaluarlas de forma periódica. Además, pretende eliminar exenciones regresivas, con impacto ambiental negativo o que se encuentran en desuso.
La primera iniciativa fue incorporada al orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios en setiembre de 2023, pero desde entonces no ha registrado avances. El segundo proyecto, por su parte, se encuentra en el orden del día del Plenario Legislativo desde febrero de 2025, a la espera de ser debatido. Según Acosta, esta situación evidencia la falta de respaldo en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y diputada por el Partido Liberación Nacional, desmintió las declaraciones del jerarca y afirmó que no ha existido ningún esfuerzo por parte de la fracción oficialista para impulsar los proyectos mencionados, ni en la comisión ni en el Plenario Legislativo.
Además, en relación con el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Control Tributario (expediente N.° 23.759), la diputada advirtió que se trata de una normativa “bastante riesgosa”, ya que otorgaría facultades que, a su juicio, exceden las competencias que debería tener la Administración Tributaria.
Señaló que la iniciativa pasa por alto principios como la justicia tributaria y el debido proceso, al permitir, por ejemplo, el secuestro de libros contables sin orden judicial. También afirmó que vulnera los derechos de los contribuyentes.
Ministro afirma intención de reformar ley de renta e incorporar modalidad dual
Nogui Acosta afirmó que desde Hacienda existe la intención de fortalecer los controles tributarios a través de reformas al tributo sobre las utilidades. Esto incluye el proyecto de ley N.° 23.760, Ley del Impuesto sobre la Renta, que busca reformar la normativa vigente e incorporar el esquema de renta global.
El jerarca añadió que esta reforma también apunta a redistribuir la carga tributaria, de modo que quienes perciben mayores ingresos contribuyan en mayor proporción. La iniciativa se mantiene en el orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios desde agosto de 2023, y Acosta reprochó la falta de apoyo legislativo para su avance.
No obstante, la diputada Ramírez señaló nuevamente que no ha habido ningún impulso por parte de la fracción oficialista para promover el proyecto ni tampoco ha sido convocado durante las sesiones extraordinarias (a cargo del Ejecutivo). Afirmó que no se han presentado mociones de consulta ni se han realizado llamados a audiencia para discutir la propuesta.
Además, la legisladora aclaró que, desde el inicio, se le comunicó al ministro de Hacienda que el proyecto no era viable por diversas razones: introduce un nuevo impuesto en un contexto poco favorable, no se han presentado textos sustitutivos que corrijan sus deficiencias, y afectaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), al aumentar su carga tributaria del 5% al 30%.
“El simple hecho de hacer una renta global va a permitir recaudar más por el modelo que se aplica, pero no se vale que adicionalmente le impongan impuestos a las personas y a los que cuentan con menos ingresos, como las pymes”, señaló Ramírez.