El Ministerio de Hacienda reafirmó que el Gobierno sí ha girado recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cumplimiento de obligaciones creadas por leyes especiales sin contenido presupuestario, como parte de su compromiso con la seguridad social.
Entre 2024 y abril de 2025, el Gobierno trasladó ¢27.330 millones para cubrir gastos establecidos en normativas como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Atención a la Persona Adulta Mayor, entre otras que ordenan prestaciones sin definir una fuente de financiamiento, según datos de Hacienda.
Presupuesto millonario
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, destacó que el presupuesto del 2024 asignó “casi un billón de colones solo para la Caja”, monto que equivale al gasto conjunto de 18 ministerios.
“Los pagos del Estado como patrono están totalmente al día. Lo que conciliamos actualmente corresponde a deudas generadas por leyes que el Congreso aprobó sin definir quién debía financiarlas”, explicó Acosta.
Estas obligaciones abarcan la atención de asegurados por cuenta del Estado, madres adolescentes, personas adultas mayores, pacientes con VIH y jóvenes incluidos en la Convención Iberoamericana, entre otros sectores vulnerables.
Convenios de pago y conciliación pendiente
El 21 de diciembre de 2023, el Gobierno suscribió un acuerdo con la CCSS por ¢51.738 millones, como parte del aporte estatal al Seguro de Salud.
Hacienda ya trasladó esos fondos, en lo que representa el primer convenio de este tipo desde 2016.
Según explicó el ministerio, la posibilidad de firmar nuevos convenios depende de dos condiciones clave:
Según el análisis de la Contraloría General de la República (CGR), entre el 2008 y diciembre del 2024, la deuda del Estado con el seguro de salud pasó de ¢348.000 millones a ¢3,5 billones.
Mientras que un informe de la Auditoria Interna de la Caja, señala que la deuda del Estado pasó de ¢3,6 billones en 2023 a ¢4,2 billones en el 2024.
Críticas
Acosta también criticó la práctica de crear gastos sociales sin respaldo financiero.
“En este país, el Poder Legislativo es muy dado a crear obligaciones pero no el contenido presupuestario para atenderlas. ¿Por qué cuando se generó este gasto no se creó la fuente de financiamiento?”, cuestionó.
A su juicio, decisiones como estas terminan afectando a toda la población, ya que el Estado debe cubrirlas con los impuestos que pagan los costarricenses.