Una serie de proyectos de ley que pretenden imponer nuevas cargas fiscales sobre las primas de seguros es una amenaza a la accesibilidad de estos servicios, según representantes del sector asegurador.
Mediante una declaración conjunta, la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) y la Cámara de Intermediarios de Seguros (CIS) alertaron sobre el impacto negativo que podrían tener los expedientes legislativos 24.508, 24.683, 24.738, 24.813 y 24.616, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con ambas organizaciones, estas iniciativas no solo incrementan la carga tributaria ya existente, sino que también podrían desincentivar el uso del seguro como herramienta de protección social y financiera.
“El seguro no es un lujo ni una fuente de recaudación. Es una herramienta técnica, solidaria y social que protege vidas, hogares, empleos y sueños”, señalaron en su pronunciamiento.
Actualmente, las primas de seguros ya enfrentan varios gravámenes, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (13% en seguros generales y 2% en seguros personales), una contribución del 4% al Benemérito Cuerpo de Bomberos, un 0,5% destinado al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un impuesto del 5,5% sobre remesas al exterior, y una contribución para financiar parte del presupuesto de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE).
Las nuevas cargas fiscales propuestas se sumarían a este esquema, provocando un aumento directo en el costo de las pólizas.
Esto afectaría de manera especial a los seguros personales y de salud, según el sector, fundamentales en un contexto donde el sistema público de salud enfrenta alta demanda y limitaciones presupuestarias.
También se verían impactados los seguros que respaldan créditos personales, prendarios o hipotecarios, así como los seguros de vehículos, patrimoniales y de riesgos del trabajo.
Todos estos productos cumplen funciones claves en la protección de hogares, el respaldo de actividades productivas y el impulso a la formalidad laboral, consideran representantes de ambas instituciones.
“Gravar las primas es debilitar una red de seguridad construida durante años, que permite a las familias recuperarse ante una enfermedad, un accidente o un desastre natural. Es poner en riesgo la resiliencia de los hogares y de la economía nacional”, advirtieron.
En este sentido, respetar la naturaleza técnica del seguro, el marco legal vigente y los compromisos internacionales del país en cuanto a inclusión financiera, es el llamado que hacen desde la AAP y la CIS.
Además, reiteran su disposición a un diálogo abierto y técnico para construir soluciones fiscales responsables que no comprometan el acceso a los seguros.
“Costa Rica necesita más seguros, no menos. Necesita una ciudadanía protegida, informada y resiliente. Debilitar al sector asegurador con impuestos desproporcionados es dar un paso en la dirección contraria”, concluye el comunicado.
El pronunciamiento fue firmado por Kevin Lucas Holcombe, presidente de la AAP, y Mauricio Benavides Aguiar, presidente de la CIS.