El Ministerio de Hacienda señaló que mantendrá las acciones conjuntas entre las direcciones de ingresos para disminuir la evasión por incumplimiento y la elusión por espacios permisivos en la legislación, que terminan favoreciendo a personas y empresas, tal es el caso del mal uso de las exoneraciones (ingresos no percibidos por tratamientos fiscales preferenciales con el fin de apoyar o promover determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de personas).
“Desde inicios de esta Administración, el Ministerio viene trabajando fuerte en el ordenamiento de las exoneraciones, las cuales forman parte del gasto tributario, que alcanza 4,3 % del Producto Interno Bruto según la última estimación para el año 2023.
En lo que va del 2025, el país registra 44.185 autorizaciones entre personas físicas y jurídicas para que gocen de este beneficio, las cuales son revisadas desde la Dirección General de Hacienda. Hasta setiembre de este año, revocamos un total de 519 millones de colones por su mal uso”, expuso Juan Carlos Brenes, director de esa dependencia.
Brenes explicó que, una vez determinado y confirmado el mal uso y destino de lo exonerado, se realiza el cobro de los impuestos dejados de pagar más una sanción. En caso de dolo, cuanto el monto supera el lumbral normado, establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (500 salarios base) el beneficiario puede ser denunciado ante el Ministerio Público.
También la actual Asamblea Legislativa aprobó una ley que obliga al Ministerio de Hacienda a revisar las exoneraciones y determinar cuáles deben eliminarse o modificarse. Con base en ese mandato, se presentó un proyecto para eliminar exoneraciones regresivas, con impacto ambiental negativo o que simplemente están en desuso. Sin embargo, nuevamente faltó la voluntad política para avanzar en una reforma que le daría al país un sistema tributario más justo, moderno y sostenible.
Para el Ministerio, un factor determinante en el efecto que algunos de estos beneficios pueden generar en los ingresos, es la aprobación de nuevas leyes que favorecen a unos sectores, en detrimento de toda la población. A la fecha, en la corriente legislativa hay 28 propuestas para nuevas exoneraciones, que juntas podrían significar más de un billón de colones menos en recaudación.