El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, vio con buenos ojos el proyecto de ley presentado por la diputada liberacionista Montserrat Ruiz Guevara que propone reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 10%, a cambio de triplicar el impuesto a los bienes inmuebles.
Durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa este martes, Molina externó la conveniencia de la iniciativa de la liberacionista, tramitada bajo el expediente 25.239, y dijo que ya están haciendo los cálculos en la institución "para ver si esa es la última gran discusión que se puede tener en esta comisión".
Adicionalmente, la reforma propone crear la Agencia Catastral Nacional como órgano técnico de Hacienda que tendrá entre sus funciones la administración del Catastro Nacional Único que sea interoperable con municipalidades y el Registro Nacional, así como definir las metodologías de valoración y actualizar valores fiscales cada tres años. Según el proyecto, la agencia se financiará con el 2% de lo recaudado por concepto del impuesto a los bienes inmuebles.
Nosotros estamos haciéndole los números al proyecto que presentó doña Montserrat la semana pasada, lo de bajar el IVA al 10% pero subir a 0,75% el impuesto a bienes inmuebles".
De seguido, Molina se dirigió al diputado del PLN, Luis Fernando Mendoza, para indicarle que él sabía la gran morosidad que había en ese tributo en perjuicio de las municipalidades.
¡Qué bonito sería que la administración tributaria central pudiera ayudar a las municipalidades a recaudar ese 0,25%! Hay una gran morosidad, y además ese otro 0,50% que menciona la diputada Ruiz para aumentarlo, que le quede al gobierno central".
Molina, sin embargo, advirtió que bajar el IVA al 10% requiere que sea con "cero gasto tributario", es decir, sin exoneraciones o tarifas diferenciadas para bienes y servicios, como hoy sí existen, siendo la más importante la tarifa reducida del 1% a la canasta básica tributaria, que consume en recaudación el equivalente al presupuesto del Poder Judicial en un año.
Diez por ciento parejo para todos, ninguna exonereación, y devolvemos a los más pobres. Estamos corriendo los números (...) a ver si dan, puede ser una propuesta que a primera entrada uno la ve y dice "¡uy! me van a bajar los impuestos", pero uno llega y ve que si le damos escala a ese impuesto a la propiedad de bienes inmuebles se benefician todos, las municipalidades bajando la morosidad con ese 0,25; se beneficia el Estado, el gobierno central con ese 0,5 adicional, dejamos el IVA al 10% sin exoneraciones y devolvemos a los más pobres. ¡Eso se puede hacer!"
Dato D+: Según los datos del viceministro, el "gasto tributario" del IVA asciende a 866.000 millones, equivalentes al 1,76% del PIB. De esa cifra, 504.000 millones son "gasto tributario" producto de la tarifa reducida a la canasta básica.
En lugar de exoneraciones o tarifas reducidas, Molina, quien actualmente funge como ministro de Hacienda interino, habló de implementar un "IVA personalizado", en el que, con la propuesta de la legisladora, se pueda devolver el IVA pagado por el 40% de la población más pobre del país, porcentaje que en tesis de principio le dejaría 400.000 millones de colones más en recaudación al Ministerio de Hacienda.
El proyecto de Ruiz no contempla eliminar las exoneraciones o tarifas reducidas del IVA que actualmente existen, por lo que tendría que ser modificado el proyecto durante su trámite de comisión.
La iniciativa propone que la reducción del IVA se aplique de forma gradual, empezando el primer año con una reducción a los bienes esenciales de consumo cotidiano que no formen parte de la canasta básica tributaria, y a los servicios de transporte estudiantil debidamente autorizados por el Consejo de Transporte Público. Al segundo año se aplicaría la rebaja al resto de bienes y servicios que actualmente tienen un IVA del 13%, siempre y cuando el Catastro Nacional Único haya alcanzado, como mínimo, una cobertura del cincuenta por ciento (50 %) del territorio nacional. A partir del tercer año la rebajo se aplicaría a todos los bienes y servicios, sin importar el avance del Catastro Nacional Único.
El texto incorpora una cláusula legal de traslado que obligaría a reflejar la rebaja del IVA en los precios finales y ordena al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a crear un Observatorio de Precios que será el ente encargado de publicar semanalmente comparativos de precios de bienes y servicios antes y después de la rebaja al IVA, desagregados por sector económico. Además, incluye una cláusula de revisión de los resultados que deberá realizar la Asamblea Legislativa cuando se cumplan dos años desde la aplicación de la rebaja al IVA.