La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) expresó su rechazo al proyecto de ley expediente 24.738, que propone crear un nuevo impuesto de 0,6% sobre las primas de seguros para financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico.
Según el sector asegurador privado, la medida recaería directamente sobre los asegurados y aumentaría el costo de pólizas como las de vida, salud e incendio, así como las cuotas de créditos que incluyen seguros asociados.
La organización estima que la aprobación del impuesto representaría un costo adicional cercano a ¢3.300 millones en el primer año, monto que crecería anualmente conforme se expanda el mercado de seguros.
El proyecto fue presentado por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el objetivo de financiar las redes del Ovsicori, la Red Sismológica Nacional, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica y el Instituto Meteorológico Nacional.
Impacto en acceso a seguros
El vocero de la AAP, Giancarlo Caamaño, señaló que las entidades que recibirían los recursos ya cuentan con financiamiento estatal.
“Estas entidades vinculadas a universidades públicas cuentan con un presupuesto estatal; de hecho, el Fondo Especial para la Educación Superior del 2026 asciende a ¢593.488 millones, por lo cual no es justo que pretendan pedirles a los asegurados que paguen un nuevo impuesto para financiarlas”, afirmó Caamaño.
El representante agregó que el proyecto encarecería el acceso a los seguros y afectaría a personas y empresas que dependen de estos instrumentos para protegerse ante riesgos financieros.
Según la asociación, el aumento en las primas también podría impactar a quienes soliciten financiamiento para vivienda, debido al incremento en los seguros asociados a los créditos hipotecarios.
Efectos sociales y económicos
La AAP indicó que la creación de nuevos gravámenes sobre los seguros podría restringir el acceso a estos servicios y aumentar la presión sobre el sistema de salud pública.
El sector sostiene que las empresas que contratan seguros colectivos de salud y las personas con pólizas individuales enfrentarían incrementos en los costos, lo que podría reducir la cobertura y la protección financiera.
Caamaño advirtió que “los seguros son instrumentos de bienestar individual y colectivo, por lo cual no deberían estar sujetos a cargas que actúan como barreras de acceso, amplían la brecha de protección y debilitan la inclusión financiera”.
La organización también manifestó su oposición a otras iniciativas legislativas que plantean financiar gastos públicos mediante nuevas cargas sobre las primas de seguros, sin evaluar el impacto acumulativo de estos tributos en el mercado asegurador.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en discusión legislativa y plantea destinar los recursos recaudados a instituciones científicas y de monitoreo vinculadas a universidades públicas.