La Contraloría General de la República señaló a la Asamblea Legislativa que no es posible realizar una auditoría sobre el cumplimiento de la regla fiscal debido a la acumulación de excepciones a la ley.
Según la Contraloría, las limitaciones que impiden realizar el procedimiento se mantienen vigentes desde el 2022 y no han sido resueltas a la fecha de emisión del informe.
En este sentido, la Contraloría indicó que estos obstáculos corresponden a dos aspectos. El primero son las modificaciones al reglamento del Título IV de la Ley N.° 9635, las cuales alteraron la base de verificación y el ámbito de aplicación, situación que aún no cuenta con una resolución en firme.
El segundo desafío es la aprobación y acumulación de leyes de excepción durante los últimos cuatro años, las cuales todavía no han sido aclaradas. Esto impide una adecuada vigilancia y verificación de los recursos excluidos del cálculo de la regla fiscal.
Por otro lado, el ente contralor señaló que el 58% de las instituciones descentralizadas presentó ambigüedades al momento de definir sus excepciones, lo que derivó en interpretaciones distintas sobre su aplicación.
De esta manera, la institución indicó que no posee la información necesaria para evaluar si se cumplió o no la regla fiscal, debido a la falta de evidencia que enfrenta.
Excepciones desordenadas y acumuladas
El problema para poder auditar la regla fiscal ocurre desde el 2022, según la Contraloría, debido a una acumulación progresiva de leyes de excepción. Además, estas presentan falta de claridad a nivel técnico y operativo en su redacción.
“Estas excepciones presentan debilidades desde el punto de vista técnico y operativo, incluyendo redacciones amplias o indeterminadas, referencias a fuentes de ingreso para excluir gasto y superposición de exclusiones sobre una misma institución sin delimitación clara de su alcance”, se lee en el documento.
La entidad señaló, a modo de ejemplo, a las universidades públicas por presentar múltiples excepciones. Entre ellas se separa todo lo relacionado con subsidios, becas o ayudas, pero también los gastos realizados con recursos propios de la universidad obtenidos por la venta de servicios académicos.
Esta complejidad dificulta la trazabilidad de los gastos y la identificación precisa de lo que debe tomarse en cuenta dentro del cálculo de la regla fiscal. Incluso cuando estas excepciones pueden analizarse de forma individual, su efecto conjunto impide revisarlas con certeza.
En este sentido, el informe aseguró que la ausencia de lineamientos técnicos para la clasificación de estos casos genera divergencias en la definición y aplicación de la revisión.
Responsabilidad de las instituciones
La Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) reveló que la identificación de los recursos excluidos de la regla fiscal y su cálculo depende de la información generada por cada institución. Por ello, la propia administración debe certificar los montos correspondientes y conocer su ubicación.
“La ausencia de criterios uniformes y de mecanismos para la determinación y registro de las excepciones incide en la consistencia, trazabilidad y verificabilidad de la información que sustenta dicho proceso”, señaló la entidad.
En este sentido, ninguno de los 29 rubros de excepciones utilizados para el cálculo fiscal se extrae del Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP). Además, no existe un proceso de verificación de datos más allá de las certificaciones emitidas por los jerarcas de cada institución, las cuales no están respaldadas por regulaciones que garanticen una medición libre de interpretaciones erróneas.
Adicionalmente, el 58% de las instituciones descentralizadas —es decir, 14 de las 24— presenta ambigüedades para definir sus excepciones, lo que genera interpretaciones distintas.
Por último, la ausencia de una correspondencia directa entre los rubros y los registros oficiales impide delimitar con precisión la información necesaria para realizar una auditoría.
“Estas condiciones evidencian una limitación en la auditoría, dado que no se dispone de criterios confiables y pertinentes ni de una base de información trazable que permita verificar y replicar de manera independiente los cálculos asociados a la regla fiscal”, señaló la Contraloría.
Por ello, no se pudo completar el proceso de evaluación del cumplimiento de la regla fiscal ni llegar a una conclusión, ya que la falta de evidencia lo impide.