Nueve decisiones —ocho legislativas y una del Ejecutivo— perforaron los ingresos del Estado en más de ₡152.000 millones durante los últimos cuatro años, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
El dato cobra peso ante la marcada caída de los ingresos tributarios desde 2023 y el inminente envío de un nuevo plan fiscal de la administración de Laura Fernández al Congreso.
Las exenciones fueron aprobadas en algunos casos con votos cruzados entre oposición y oficialismo.
La mayor pérdida (₡106.000 millones) provino de la Ley sobre Incentivos para la Formalización y el Desarrollo de las Mipymes en Costa Rica, aprobada el 14 de agosto de 2024. La impulsó el Partido Liberación Nacional (PLN) con el apoyo del Frente Amplio (FA) y del oficialismo.
La normativa creó mecanismos tributarios flexibles para combatir la informalidad, permitiendo a los negocios crecer antes de asumir el 100 % de los impuestos tradicionales.
En segundo lugar figura la Ley para Facilitar el Acceso a los Útiles Escolares y Equipo Tecnológico, con una pérdida estimada en ₡16.472 millones. La propuso la entonces fracción de Nueva República (NR) y la respaldaron el FA y el oficialismo.
La ley ordenó devolver a los hogares pobres el IVA pagado en materiales y uniformes escolares, así como en la compra de una computadora o tableta y un teléfono celular por estudiante.
De tercera en la lista aparece la Ley de Impuesto sobre la Renta para Lograr la Exclusión de Costa Rica de la Lista de Países No Cooperantes en Materia Fiscal de la Unión Europea (UE), con un impacto calculado en ₡9.000 millones.
La iniciativa eliminó el impuesto sobre rentas extraterritoriales, fue impulsada por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) sin el apoyo del FA ni del oficialismo, y se aprobó el 7 de septiembre de 2023.
La cuarta es la ley que redujo el monto del marchamo, aprobada el 2 de octubre de 2023, recortó la recaudación en ₡8.500 millones con el respaldo de todas las bancadas. La impulsó el PLN.
En menor escala
Las otras cuatro decisiones legislativas que también erosionaron los ingresos del Gobierno fueron:
-Ley sobre la Reducción del Impuesto sobre la Renta a Nuevas Mipymes: generó una disminución estimada en ₡4.000 millones. La impulsó el FA y estableció tres años de exoneración total para nuevas mipymes, seguidos de tres años con tarifa reducida. Se aprobó el 14 de noviembre de 2023.
-Ley sobre la Reducción del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas: redujo los ingresos en ₡580 millones. La presentó el PUSC y amplió la posibilidad de deducir gastos de hasta un 25 % de los ingresos para trabajadores independientes. La respaldó el oficialismo y se aprobó a finales de febrero de 2025.
-Ley de Menstruación y Justicia: disminuyó los ingresos en ₡376 millones. Dispuso que los productos de higiene menstrual paguen la tarifa reducida del IVA del 1 %. La propuso el Partido Acción Ciudadana (PAC) y se aprobó el 27 de octubre de 2023.
Decisión del Ejecutivo
A las autorizaciones legislativas se suma una medida del Poder Ejecutivo: el 19 de marzo de 2025, el Ministerio de Hacienda anunció una reducción gradual del impuesto selectivo de consumo aplicado a 60 productos de uso popular.
Según estimaciones del FA, el impacto asciende a ₡11.245 millones en cuatro años.
Ingresos de pique
Los ingresos tributarios del Gobierno han caído desde 2023: pasaron de representar el 13,74 % del PIB en 2022 al 12,78 % en 2025.
Al cierre del primer trimestre de 2026, equivalían al 3,2 % del PIB, por debajo del 3,5 % registrado en el mismo período de 2025.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y académicos han señalado las exoneraciones tributarias como una de las causas de esa caída. El FMI también recomendó a Costa Rica implementar reformas orientadas a aumentar la recaudación.