A pesar de los esfuerzos de salud pública, Costa Rica se encuentra en un punto muerto en su lucha contra el tabaquismo. Un reciente estudio conjunto de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Red Nacional Antitabaco (Renata), advierte que la prevalencia del fumado apenas se movió de un 8,67% en 2015 a un 8,25% en 2022. Ante esta parálisis, los académicos reiteran una receta económica probada pero políticamente postergada: golpear el bolsillo del consumidor para proteger la salud de los más jóvenes.
La investigación, titulada Impuestos al tabaco en Costa Rica: retrasar la edad de inicio y proteger la salud pública, utiliza modelos estadísticos para demostrar que el precio es la barrera más efectiva contra la adicción. Según el documento, si el país incrementara los impuestos en un 83% sobre el precio final, se lograría un retraso de casi dos años en la edad de inicio del consumo entre personas mayores de 20 años.
Jorge Solano, académico de la Escuela de Economía de la UNA y uno de los autores del estudio, explica que el factor tiempo es vital. “Una persona de alrededor de los 30 años tiene probabilidades extremadamente bajas de que asuma la costumbre del tabaquismo. Entonces, si logramos que esa edad de inicio se corra, disminuimos el riesgo de que más personas consuman”, detalló el investigador.
Desde el año 2012, la estructura tributaria del tabaco en Costa Rica no ha sufrido variaciones, una inacción que Solano califica como una «llamada de atención» para las autoridades. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los impuestos alcancen al menos el 75% del precio final, en Costa Rica esa carga apenas llega al 56%.
En sus declaraciones, Solano defiende el concepto de «impuestos saludables» para corregir las externalidades negativas que el tabaco impone a la sociedad. Según el economista, el objetivo no es necesariamente erradicar el tabaquismo por completo, sino desincentivar a quienes no pueden pagar precios altos y asegurar que quienes sí lo hacen, cubran los costos que su hábito generará al Estado en el futuro.
“Los que sí pueden pagarlos, lo que están pagando es por todos los efectos que tienen al sistema de salud… hospitalizaciones, tratamientos contra el cáncer e inclusive cuidados y demás; pues eso tiene implicaciones económicas para todas las personas que no consumen cigarrillos”, enfatizó Solano en el video.
El estudio de la UNA es enfático en rechazar las narrativas que la industria tabacalera suele utilizar para frenar cambios legislativos. Entre ellas, la premisa de que subir impuestos dispara el contrabando o desploma la recaudación fiscal.
“Aumentar los impuestos en el cigarrillo de tabaco no implica un aumento del comercio ilícito; el comercio ilícito se explica por otras razones diferentes al precio”, aseveró Solano. Citando hallazgos de 2024, el académico recordó que el 67% de los cigarrillos ilícitos provienen de marcas de la industria formal y que el problema radica en falencias de fiscalización y controles aduaneros. De hecho, la evidencia muestra que el lugar más común para adquirir estos productos fraudulentos es la pulpería de barrio (51,9%).
Asimismo, el investigador descartó que una mayor carga tributaria quiebre a la industria, dado que operan con márgenes de ganancia sumamente elevados. Por el contrario, un aumento impositivo podría fortalecer al Estado, destinando fondos precisamente para vigilancia en aduanas y puntos de venta donde se expende tabaco a menores de edad.
El impacto del tabaco en Costa Rica no es solo estadístico, es humano. Datos del Ministerio de Salud revelan que en el país existen cerca de 450 mil fumadores activos, concentrados principalmente entre los 25 y 44 años. La adicción se cobra la vida de 2.100 personas cada año por complicaciones derivadas del tabaquismo.
A pesar de que el país cuenta con normativas como la Ley 9.028 (Control del Tabaco) y la Ley 10.066 (Regulación de cigarrillos electrónicos), la falta de actualización en los precios deja una puerta abierta para que el hábito se instale en la juventud.
Por ello, el equipo de la UNA y Renata planea un acompañamiento técnico a la Asamblea Legislativa para elevar el nivel de la discusión fiscal. «Lo que nosotros tratamos de hacer es evidenciar el rol de los impuestos frente a las mentiras o mitos alrededor de los impuestos del cigarrillo que tiene la industria tabacalera”, concluyó Solano.
Como parte de una agenda de investigación más amplia, la UNA ya trabaja en determinar el consumo específico en menores de 18 años y el peso financiero que el fumado representa para los presupuestos familiares, resultados que se esperan para finales de este año.