El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó que los carros eléctricos pasarán a pagar una tasa de impuesto selectivo de consumo (ISC) más alta, lo que ya estaba previsto en la ley.
“Firmé hoy el decreto que los carros eléctricos van a pagar una tasa de impuesto selectivo de consumo más alta de lo que están pagando, estaban pagando el 6% y lo vamos a llevar al 30%”, dijo el jerarca en una entrevista en Telenoticias.
El jerarca detalló que “el 7,5 ya lo aplicamos hoy”. Chaves defendió esta medida porque argumenta que el aporte que Costa Rica podría brindar a combatir el cambio climático es mínimo.
El aumento del ISC al 7,5% ya estaba previsto en la Ley de Incentivos al Transporte Verde. Este porcentaje aumentará cada tres años hasta que alcance el 30% ordinario en el año 12 después de la entrada en vigor de la ley.
Lo mismo ocurre con el derecho arancelario. Hasta el 12 de junio, los vehículos están exentos, pero a partir del 13 de junio, se pagará un 0,25% sobre el valor del vehículo.
Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), dijo que Chaves únicamente está aplicando la ley, no anunciando nuevos impuestos.
“La reforma del 2022 tenía previsto que fuera más bien el año pasado, que se empezara a pagar un 25% del total de 30% selectivo consumo, que corresponde a ese 7,5% que hoy el ministro anuncia (...), pero el anuncio no es sobre nuevos impuestos, sino que lo interpretamos como simplemente la ejecución de la ley como corresponde.
“La misma ley tiene ya previsto que para el 2028 se vaya a pagar un 50% (15% sobre el 30), que para el 2031 se vaya a pagar un 75% (22,5% sobre el 30) y que la totalidad, el 100%, de ese 30% selectivo consumo, se pague en el 2034″, explicó Rojas.
“Así que no vemos un anuncio de impuestos nuevos, sino simplemente un anuncio de ejecución de la ley que ya tenía como mandato reducir un 25% de esa exoneración”, agregó directora de Asomove.
El impuesto selectivo de consumo (ISC) es un tributo que grava la venta, importación, producción y transferencia de bienes y servicios considerados no esenciales o de lujo, con tasas variables según el tipo de mercancía. Se aplica a productos que suelen ser adquiridos por personas con mayores ingresos.