El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) advirtió de que, en el mediano plazo, el país podría experimentar apagones debido a limitaciones financieras de la entidad derivadas del cumplimiento de la regla fiscal.

Así lo manifestó el presidente ejecutivo de la entidad, Marco Acuña Mora, durante una conferencia de prensa este jueves.

Según el jerarca, han enfrentado restricciones significativas en términos de gastos e inversiones para expandir su negocio de electricidad, lo cual ha retrasado inversiones hasta un punto insostenible.

Acuña Mora afirmó que la regla fiscal ha impedido al ICE invertir en líneas eléctricas, subestaciones y plantas de generación nuevas, así como contar con recursos suficientes para materiales.

“La demanda eléctrica crece pero la oferta sigue siendo la misma entonces puede llegar un momento cuando la demanda pueda superar la oferta y el país podría tener graves consecuencias”, manifestó en la actividad, realizada en las oficinas centrales del ICE, en Sabana Norte, San José.

Señaló la posibilidad de racionamientos al invocar falta de recursos para garantizar la continuidad, calidad y mantenimiento del servicio eléctrico.

“O invertimos o el país va a sufrir desgraciadamente consecuencias en un mediano plazo”, aseveró.

De acuerdo con el funcionario, la regla fiscal pondría en tal compromiso la seguridad energética nacional que el ICE incurre en gastos adicionales para suplir la demanda eléctrica en referencia a las compras de combustibles para generación térmica (a base de hidrocarburos).

El Grupo ICE, dijo, tiene actualmente una deuda saludable, pero no puede ampliarla debido a la regla fiscal.

Con estos argumentos, Acuña pidió a los legisladores aprobar el proyecto de ley para excluir al ICE de la regla fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo y el cual se tramita en el expediente 23.330. El plan ya está para su discusión en la agenda del plenario legislativo.

Sus declaraciones de este jueves contrastan con sus comentarios del 27 de junio cuando, en un comunicado de prensa del Instituto, el jerarca dijo que el Grupo ICE muestra crecimiento en sus negocios de electricidad y telecomunicaciones.

A marzo de 2023, según sus declaraciones, se reportó un excedente de operación de ¢57.852 millones correspondiente al 2022. Su queja este jueves es que la regla fiscal le impide usar ese dinero.

“En este primer año de gestión hemos logrado avances sustanciales en la reactivación de áreas que estuvieron prácticamente detenidas. Los servicios muestran una tendencia a la mejora y al crecimiento”, explicó el jerarca citado en la nota de prensa de aquel momento.

En abril, además, Acuña Mora garantizó la sostenibilidad de sus servicios al comentar la presentación de los estados financieros consolidados del Grupo ICE para 2022.

“Nos sentimos muy satisfechos al presentarle al país un grupo empresarial estatal eficiente y responsable en sus finanzas”, dijo entonces en referencia al balance que, según el comunicado, representaba el mejor excedente financiero de su historia, con un aumento de ingresos del 9% respecto a 2021.

Argumentos

Este jueves, para justificar la solicitud planteada a los diputados, Marco Acuña recordó que el presupuesto del ICE no depende del Gobierno Central. Asimismo, mencionó que recientemente fue necesario realizar importaciones de electricidad del Mercado Eléctrico Regional (MER) y se registró un aumento en la generación térmica en el país, que habrían generado gastos por ¢40.000 millones.

“¿Qué pasó? tuvimos que recortar en otro lado para que la gente tuviera luz en sus casas pero eso no es sostenible y por eso este proyecto es de suma relevancia. Con mucho respeto a los señores y señoras diputadas, esta comunicación es para que vean la necesidad del mismo para que nuestro país siga en la senda del crecimiento”, afirmó.

La regla fiscal tiene como objetivo consolidar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública al establecer límites al crecimiento del gasto público en función del nivel de endeudamiento y el crecimiento económico.

Sin embargo, la Contraloría General de la República advirtió en abril a los diputados de los posibles riesgos de flexibilizar la regla fiscal, ya que podría permitir la manipulación de la información financiera de las instituciones públicas y retrasar las metas de sostenibilidad en las finanzas establecidas por el país.