A pesar de que existe una regulación para que el Estado cobre impuestos al hospedaje no tradicional (como el que se ofrece por las aplicaciones Airbnb y Vrbo), el Ministerio de Hacienda no hace la labor suficiente para cobrarlos y esto provoca que se genere una distorsión en el mercado.

Esa es la posición de la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Shirley Calvo Jiménez.

Para la representante del sector turístico costarricense, no es necesario con que se haya emitido una ley y un reglamento para que los anfitriones o propietarios de estos sitios de alquiler se deban registrar y, posteriormente, pagar.

Es necesario que se ubique a dichas personas y el que el Estado cuente con la capacidad para cobrarles en caso de que no lo hayan hecho.

“A pesar de que existe una regulación no se ha aplicado con la rigurosidad que se hubiera esperado”, comentó Calvo.

“El Ministerio de Hacienda nos parece que no ha sido los suficientemente contundente para realizarla (la recaudación)”, añadió en una entrevista con El Observador.

Este medio solicitó al Ministerio de Hacienda una entrevista para aclarar este tema y otros relacionados al hospedaje no tradicional desde el 13 de junio, hace aproximadamente un mes.

La cartera no se ha querido referir al respecto.

Sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Calvo celebró que Airbnb se haya inscrito para el pago de dicho tributo. De hecho, comentó que desde su experiencia ha visto que esta compañía siempre ha estado a disposición de las autoridades.

Sin embargo, reconoce que persisten dudas relacionadas al monto sobre el cual se aplica el porcentaje de IVA y sobre cómo esto podría estar generando distorsiones en el mercado del hospedaje.

“La cancha sigue sin estar pareja”

Calvo dice que como industria reconocen que el hospedaje tradicional es parte del ecosistema turístico y no pretenden atacarlo. Lo que sí buscan es que las autoridades apliquen los mismos controles y cobros a todos. Por ahora, considera que “la cancha sigue sin estar pareja”.

Menciona que como ejemplos los anfitriones o propietarios no pagan patentes, ni tampoco su funcionamiento se ve limitado si no cumplen con las regulaciones de la Ley 7.600, que aseguraría el acceso de las personas con discapacidad a estos sitios.

Tampoco pagan por costos diferenciados de electricidad, como el sector hotelero.

“No se ha hecho una búsqueda o localización de dónde están estos servicios y el grado de formalidad en el que están”, comentó Calvo.

La representante comentó que como sector esperan que se refuercen las operaciones de Hacienda en este sentido.

También que, así como son “vehementes” para cerrar hoteles también lleguen a estos lugares que podrían estar generando ingresos “al margen de la ley”.

El vicepresidente de Canatur, Arnoldo Beeche, también se refirió al respecto.

El pasado 27 de junio expresó que hay “un nuevo competidor, un nuevo socio comercial, que es la amenaza del hospedaje no tradicional”.

Datos compartidos por Beeche señalan que uno de cada seis turistas que llegan a Costa Rica escoge este tipo de opciones.

El Observador ha insistido en un espacio de entrevista con la compañía  para aclarar algunas dudas sobre el cobro del IVA en Costa Rica. Sin embargo, al cierre de esta nota no hay respuesta.