La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Hacienda corregir las omisiones que permitieron el incumplimiento de la regla fiscal, que consiste en un tope al crecimiento del gasto público, en el ejercicio presupuestario de 2021.

Así consta en el oficio DFOE-FIP-0128 que dirigió el pasado 29 de marzo al titular de Hacienda, Nogui Acosta.

    “Considerando que la finalidad principal de la instauración y aplicación de la regla fiscal sobre el Sector Público No Financiero, se centra en lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal en Costa Rica, es importante que el Ministerio de Hacienda corrija las omisiones que permitieron el incumplimiento de la regla fiscal en el ejercicio 2021 adoptando las medidas internas para evitar el incumplimiento”, indica la CGR en el documento.

En 2021, el Gobierno Central incumplió con la regla fiscal a nivel devengado, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque la tasa de crecimiento del gasto corriente, excluyendo los recursos destinados a la atención de la pandemia generada por el COVID-19, alcanzó un 5,94%. Es decir, 1,8 puntos porcentuales por encima del 4,13% establecido por Hacienda.

Si no se excluyen los recursos destinados a enfrentar la emergencia, el gasto corriente creció un 7,85%.

La entidad fiscalizadora ordenó al titular de Hacienda adoptar las siguientes medidas:

•     Efectuar una revisión de los procesos relativos al presupuesto de la República para  identificar -a partir de un análisis de riesgos- los controles requeridos dentro de las fases del ciclo presupuestario. Esto, con el fin de asegurar el cumplimiento, por parte del Gobierno de la República, de la regla fiscal.

•     Definir, establecer e implementar mecanismos de control sobre el ciclo presupuestario para que se asegure que el proceso presupuestario sea conforme con los límites de regla fiscal.

•     Implementar acciones de monitoreo periódico del presupuesto de la República para asegurar la observancia de los límites de la regla fiscal. Para ello, deberá designar a un responsable institucional quien, además, deberá contar con medios de comunicación oportuna de alertas y riesgos al jerarca institucional.

La Contraloría pidió a Acosta remitir al Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas una certificación en la que conste que se atendió lo ordenado, con la documentación correspondiente, a más tardar el próximo 15 de junio.

“Al haberse materializado el incumplimiento señalado, se observa que a lo interno del Ministerio de Hacienda no se adoptaron acciones de control ni de seguimiento efectivas sobre el gasto del Gobierno de la República suficientes para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal”, reprocha la CGR.

La Contraloría recordó que diciembre de 2018 la Asamblea Legislativa sentó las bases para la aplicación de la regla fiscal como una herramienta para restaurar la sostenibilidad fiscal por la vía de la contención del gasto público y dependiendo de la evolución reciente del Producto Interno Bruto (PIB) y de la deuda pública.

La aprobación de la norma ocurrió en un contexto “de una situación fiscal sumamente apremiante, con niveles de deuda insostenibles generados por altos y crecientes déficits fiscales y una larga historia de financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, que conducía al país hacia una situación en la que, cada vez, se haría más difícil conseguir los recursos suficientes para financiar el presupuesto de la República, con la consecuente amenaza de una afectación severa en la cantidad y calidad de los servicios que el Estado provee a los habitantes.”

“Resulta necesario que el Ministerio de Hacienda instaure mecanismos que permitan detectar, oportunamente, riesgos de incumplimiento de la regla fiscal a lo largo de todo el ciclo del Presupuesto de la República, y ejecutar medidas que impidan tal incumplimiento, todo en concordancia con el objetivo de esa regla de contar con una

evolución del gasto que posibilite alcanzar el equilibrio sostenido de las finanzas públicas”, añade la Contraloría.