Los diputados de la comisión legislativa especial que discute una reducción al marchamo corren para acordar un texto alternativo de consenso o de mayoría, al margen del planteamiento del Gobierno. La idea respaldada por los partidos Liberal Progresista (PLP), Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) busca modernizar y reducir significativamente el pago del impuesto a la propiedad de vehículos.
Estos partidos, que suman cuatro de los siete diputados en la comisión, apuntan a una rebaja que alcance el 50% o más en los vehículos de menor valor, y una reducción proporcional para los vehículos de alta gama, manteniendo el enfoque de progresividad.
Jorge Dengo, diputado del PLP y presidente de la comisión, reiteró que la idea es diseñar una fórmula basada en parámetros como el peso y tamaño del motor, depreciación del vehículo, emisiones contaminantes y uso de la red vial.
“Pero lo determinante para el cálculo será el tracto donde caiga la tarifa”, indicó el legislador.
Para ello, se tomaría como texto base un proyecto suyo que plantea esa línea y que, además, mantendría la conexidad del proyecto. Es decir, que haya relación entre su relación y los cambios que se le agreguen.
Al texto de Dengo se le harían ajustes como establecer el pago por adelantado o en tractos mensuales del marchamo para evitar cargas abruptas al final del año, así como sostener un enfoque progresivo con tarifas basadas en tramos de valor.
Esos cambios los han planteado los diputados Francisco Nicolás, del PLN, y Sofía Guillén, del FA, según comentó Dengo.
Nicolás también plantea que el marchamo se cobre en más negocios del país y no solo en bancos, cooperativas y mutuales. El liberacionista pide que la fórmula que se implemente refleje realmente una rebaja significativa y que al mismo tiempo se les otorgue un trato especial a los vehículos destinados a la producción principalmente agropecuaria.
Sin consenso
A pesar del avance, el consenso aún no se ha logrado entre los siete miembros de la comisión, que tienen tiempo hasta el 18 de este mes para finiquitar este asunto. Los diputados Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR); y Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), han expresado dudas y la necesidad de mayor análisis en torno a ciertos aspectos.
Ajoy no está de acuerdo con que se aprueben rebajas a los automóviles de mayor valor y a los eléctricos a los que solo accede un sector de la población con alto poder adquisitivo.
“El impuesto no debe de ser una herramienta para la recaudación, pero tampoco un mecanismo que genere un hueco fiscal”, señaló la socialcristiana sobre la probabilidad de que el nuevo texto reduzca los ingresos de Hacienda.
Otra observación de Ajoy es que el texto tendría componentes como el carbono y el peso de los vehículos para calcular el impuesto. “Eso implica que el peso de la reducción recaiga sobre los vehículos más antiguos y los del sector productivo y transporte de personas”, indicó.
El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, enfatizó que el Gobierno está dispuesto a considerar una modernización del método de cálculo que beneficie a los contribuyentes, pero destacó la importancia de mantener un equilibrio para no comprometer la recaudación.
La propuesta alternativa, liderada por Dengo, según Rudolf Lücke Bolaños, director general de Hacienda, podría resultar en una recaudación reducida en aproximadamente ¢100.000 millones.
Con la fecha límite del 18 de agosto acercándose, la comisión se esfuerza por presentar un texto sustitutivo el próximo lunes 7 de agosto, cuando se reanuden las sesiones. Aunque existe la posibilidad de una extensión del plazo, Dengo enfatizó que la intención es respetar el marco de tiempo original.
Dengo también sostiene que cualquier posible déficit en las finanzas públicas podría ser compensado con la mejora en la recaudación que actualmente se está experimentando. Además, subraya que el impuesto al marchamo es considerado por algunos como injusto e inconstitucional, lo que agrega un sentido de urgencia a la búsqueda de una solución equitativa y moderna.
Si se acoge el texto de Dengo, se quedarían el camino el planteamiento del Gobierno que consiste en rebajar el impuesto a los vehículos de menor valor, a través de una depreciación acelerada en los primeros cinco años.
Para compensar esa caída Hacienda plantea elevar el impuesto para los automotores de mayor valor. De esa forma se mantendría una recaudación cercana a los ¢200.000 millones anuales.
Igual se quedarían en el camino una propuesta de Nicolás, que plantea un pago de ¢26.200 a partir de los ¢310.000 del costo del automotor, y otra de Ajoy de cobrar a partir de una tarifa mínima de ¢6.000 que se actualizará por el aumento de la inflación. La depreciación anual sería del 10% y una variación en la carga tributaria por importación.