El Ministerio de Hacienda no giró ¢170 mil millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) de las partidas presupuestadas en los últimos siete años, correspondientes a los recursos del Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se debían trasladar a esta entidad.
Aunque la ley del IVA entró a regir en el 2019, estas transferencias, que el Gobierno Central debía realizar en el presupuesto, se financiaron desde 1974 con un porcentaje del impuesto de ventas y, según una consulta de los diputados a la Sala Constitucional, no podían verse mermadas (ver recuadro: Cláusula de protección…).
Sin embargo, al contrastar los recursos presupuestados contra los girados en la última década, puede verse una brecha que no existía antes del 2015. En el 2016 se presentó la primera diferencia: ¢3.404 millones que no se giraron, situación que volvió a presentarse en el 2018 (¢19.696 millones) y se volvió recurrente desde el 2020 (¢29.330 millones, ¢74.330 millones y ¢43.027 millones).
Los datos fueron obtenidos a través del Ministerio de Trabajo, ente rector del Fodesaf, ya que una solicitud que, inicialmente, se hizo al Ministerio de Hacienda en ese sentido (por ser recursos que el Gobierno Central debía transferir provenientes de impuestos), fue respondida en el sentido de que la Dirección Nacional de Presupuesto no tenía el detalle de todos los sectores y debía redirigirse a Fodesaf.
Esto quiere decir que, del 2016 al 2022, en los últimos siete años, no se trasladó al Fondo más importante para el combate de la pobreza y de apoyo para los sectores más vulnerables del país un 10% de estos fondos de impuestos presupuestados inicialmente.
Sin embargo, lo más preocupante es que estas transferencias se debilitan: de 2018 al 2022, el monto que se presupuestó del Gobierno Central se redujo en términos reales en un 10%; empero, los recursos que Hacienda giró al final se redujeron en casi el doble: 19,5%.
En busca de respuestas
Esto debe contextualizarse en medio de un debilitamiento de los recursos de Fodesaf, que, según el último dato de presupuesto, habría visto mermado su tamaño en términos reales en casi una tercera parte en el último quinquenio (ver nota aparte).
Los datos de Fodesaf sobre liquidaciones también evidencian una creciente crisis presupuestaria. Las liquidaciones de 2018 y 2019 arrojan una liquidación que superó el presupuesto presentado, pero el panorama cambia desde el 2020 (ver gráfico). La liquidación del 2021 fue de ¢434.768 millones (casi 200.000 millones por debajo del presupuesto presentado, y menos de un 70% del monto inicial).
Se procuró la versión tanto de Hacienda sobre las razones de esta reducción en los traslados de recursos provenientes del IVA a los fondos sociales, como en DESAF y Trabajo sobre las razones de esta situación, pero, a pesar de que ambas carteras indicaban que se tramitaba una respuesta, al cierre de edición no la habían remitido.
Desde la óptica académica, José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) destacó que, aunque se trata de situaciones que llaman la atención, lastimosamente no extrañan.
“Podemos hablar de que el debilitamiento de los programas sociales se acumula desde hace 10, 20 años, y hay que ubicarlo dentro del avance de políticas neoliberales que enfocan estos programas no como inversión, sino como gasto social”, mencionó Díaz.
El investigador también resaltó que se debe considerar cambios en las políticas y los programas de atención social, en el sentido de que se están fortaleciendo esquemas como las transferencias monetarias que ayudan a los gobiernos a mejorar sus indicadores sociales, en detrimento de políticas sociales de largo plazo y de menor visibilización, como la asistencia a sectores como adulto mayor, población con discapacidad, comedores estudiantiles y becas de estudio, entre otros.
“Cláusula de protección” impide debilitar el Fondo
Una protección de ascendencia constitucional impediría que los recursos para los programas sociales del país sean recortados, recordó Juan Luis Bermúdez, jefe de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica y quien fuera presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Bermúdez declaró que existe una “cláusula de protección”, según lo definió la Sala Constitucional, para evitar que las reformas legales terminaran por debilitar los recursos para los programas sociales y que lo especificó durante el voto 2018-019511.
Debe recordarse que la ley 5662 de 1974, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, creó el Fondo de Desarrollo Social, administrado por la Dirección General de Desarrollo Social, y determinó que se financiaría con un cargo de un 5% a las planillas de los trabajadores, y un monto equivalente a 593 mil salarios base que el Ministerio de Hacienda debería incluir en el presupuesto ordinario y girarlo en forma anual. Sin embargo, desde esa primera versión, se acordó que se financiaría con un 20% de lo recaudado por concepto de impuesto de ventas.
Posteriormente, durante el trámite de la ley 9635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018, varios diputados externaron dudas de que esa reforma dejara abierta la puerta para una disminución real en los montos asignados a los programas sociales.
Los magistrados advirtieron que “la derogación de los destinos específicos no equivale inexorablemente al socavamiento de los derechos prestacionales y el incumplimiento de los deberes del Estado Social de Derecho.
Incluso los magistrados advirtieron que el texto contenía “cláusulas de protección”, en el sentido de que la asignación de recursos que realizara la Dirección General de Presupuesto Nacional “no podría ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley” y, más adelante, indica que esta Dirección deberá considerar variaciones inflacionarias, el principio de progresividad de los derechos humanos y el cumplimiento del fin social de la institución beneficiada.