Cada vez que usted pasa a la gasolinera a comprar combustible para el vehículo, un 33% de lo que paga corresponde al Impuesto Único a los Combustibles.
Por ejemplo, con el precio actual de gasolina Súper (¢721 por litro), si usted compra ¢10 mil, ¢3.300 irán directo a la recaudación del tributo.
El impuesto se fundamenta en la ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, vigente desde el 4 de julio de 2001.
Esa legislación estipula que un 48% de lo recaudado se trasladará al Ministerio de Hacienda para que este lo distribuya en distintos fines específicos.
Uno de esos beneficiados es el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Según la ley, la entidad debe recibir un 21.75% del 48% para atender la red vial nacional pavimentada.
Así las cosas, los recursos deben destinarse “exclusivamente” a conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras viales.
Pese a todos los alcances de la ley, esto no se está cumpliendo. Es decir, el impuesto que usted paga al comprar gasolinas no está llegando a mejorar las condiciones de las carreteras nacionales. Así lo explicaron autoridades del Conavi y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“De la ley 8114, históricamente la totalidad de los recursos no se gira”, enfatizó Efraím Zeledón, viceministro de Infraestructura, tras salir de una audiencia con la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Las declaraciones del funcionario se dieron minutos después de que se reconfirmara que el Conavi ya no cuenta con presupuesto disponible para honrar los contratos recientemente adjudicados a las empresas que se encargarían de dar mantenimiento y conservación a las rutas nacionales.
“Históricamente, de hecho, han sido muy pocas las veces en que de la (ley) 8114, que es el impuesto que se saca exclusivamente para el mantenimiento, inversiones en carreteras, se hayan girado los fondos de la manera que fue concebida. Sin embargo, recientemente, de los últimos años para acá, se ha reducido a cada vez menos”, expuso Jason Pérez Anchía, gerente de Conservación de Vías y Puentes de Conavi.
El funcionario explicó que mientras en 2018 se asignaban ¢150 mil millones para el mantenimiento de carreteras (aún así esto no representaba la totalidad del monto estipulado en la ley 8114 que debería girársele al Conavi), en años recientes la asignación presupuestaria se redujo a un tercio de ese monto.
“Este año (2023) se asignaron ¢50 mil millones. Eso es un tercio del monto de hace 5 años. Por supuesto, el resto no se está asignando ni a nosotros, ni al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), ni a las municipalidades, ni al resto de instituciones para las cuales se creó esta ley”, comentó el gerente.
¿Dónde se está yendo el dinero recaudado? El gobierno lo está utilizando para otros fines, según lo que disponga el Ministerio de Hacienda.
El viceministro Zeledón recordó que en abril pasado, durante una audiencia con la Comisión de Asuntos Municipales, plantearon este mismo tema.
“Yo soy consciente de las necesidades del país. Ustedes vieron que hace algunos meses hubo un cambio de presupuesto para pasar un dinero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a Seguridad.
“Uno es consciente de las necesidades y la limitación fiscal del país. Pero, obviamente, yo jalo por el lado mío, que es carreteras. Denme un poco más, porque si se cae un puente me meten un recurso de amparo a mí (…) En este caso, lamentablemente, por un tema fiscal, que no es culpa de nadie, simplemente es la realidad fiscal que tiene el país, que no es de ahora, que es de hace varios años y gobiernos atrás, tenemos esta situación. No es la ideal, es la realidad”, describió el viceministro.
Según datos oficiales brindados por el Ministerio de Hacienda a CRHoy.com, en 2022 se recaudaron casi ¢531 mil millones por concepto del Impuesto Único a los Combustibles. Ese rubro, a mayo de este 2023, superaba los ¢245 mil millones.
La cartera explicó que desde 2021 no existe una transferencia de recursos directamente al Conavi, ya que el presupuesto del Conavi se incluye dentro del MOPT.