La Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) se unió a las voces de repudio en contra de la solicitud del Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y bancos del sistema financiero nacional, para que entreguen información privada de los clientes, relacionada con sus créditos.

De acuerdo a la cámara, que agrupa empresarios con negocios entre Estados Unidos y Costa Rica, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Banco Central establecen que la información privada de las operaciones bancarias y situación patrimonial de los costarricenses es confidencial.

“Con la solicitud del BCCR, se expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas”, indicaron.

“Es importante que se respete el ordenamiento jurídico y que prevalezca el derecho a la privacidad e intimidad de las personas. La generación de estadísticas económicas no justifica que se violente la confidencialidad de la información. Se entiende que la solicitud realizada por el Banco Central puede ser en casos específicos, donde sería adecuado recurrir a otras vías legales para resolver esos requerimientos”, mencionó Silvia Castro, presidente de AmCham.

La Cámara hizo un llamado para que se rectifique esta acción y se respeten las disposiciones legales.

“Este hecho compromete los derechos fundamentales y la protección de los datos sensibles de los costarricenses”, afirmaron.

El Banco Central aduce que, amparados en normativa reciente sobre el manejo de datos y en un dictamen de la Procuraduría, pueden pedir información no anonimizada de los clientes bancarios, con el objetivo de cruzarlos y generar datos estadísticos. Otras entidades como la CCSS y Hacienda ya entregaron información relevante a la entidad.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) afirman que el Banco pretende acceder a estos datos sin tan siquiera tener el consentimiento informado de los ciudadanos.

El tema también ha generado repudio a nivel político, en donde varios legisladores han señalado al ente emisor de instrumentalizar una “UPAD financiera”.