La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) el martes 29 de agosto anterior contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por solicitar información sensible a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La información fue dada a conocer por el asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez Pacheco, tras detallar que la acción se tramita bajo el expediente 23-020910-0007-CO y que fue acogida por el tribunal la tarde de este jueves 31 de agosto.
La Sala Constitucional confirió audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Gerencia General del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y a la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Gómez manifestó que la decisión de la Sala Constitucional reconoce la importancia de tutelar los derechos de privacidad de los ciudadanos.
“Esta acción destaca la necesidad de un equilibrio adecuado entre la supervisión regulatoria y la protección de la información confidencial de la ciudadanía”, declaró.
Dijo que la ABC recibe con agrado la decisión del Tribunal de admitir la acción.
“Al acoger para su estudio la acción, la Sala reconoce que esta situación es muy importante para el país y sus ciudadanos, por cuanto están en juego los derechos a la autodeterminación informativa y la privacidad”, expresó.
La acción de inconstitucionalidad fue planteada luego de que el BCCR solicitó a la SUGEF transferirle, de manera integral, las bases de datos que tiene en materia crediticia. Esta información es obtenida de las entidades financieras sujetas a la fiscalización de la Superintendencia.
En la acción de inconstitucionalidad, la ABC sostiene que la información estadística se construye a partir de datos agregados (…) que no incluye datos personales de interés privado y sensibles como la condición socioeconómica o, en general, información confidencial de las personas a las que se les otorga un crédito.
“No obstante, el Banco Central pretende acceder la integralidad, sin restricción alguna, de las bases de datos de crédito de la SUGEF que contiene información desagregada, concretamente datos personales de interés privado y sensibles, cubiertos por la garantía de la confidencialidad, la reserva y el secreto bancario, que permiten la identificación física de cualquier persona que haya sido sujeto de crédito”, indica.
Los bancos solicitan condenar al BCCR al pago de los daños y perjuicios provocados con la lesión de los derechos fundamentales indicados, el pago de las costas procesales y personales del proceso de amparo que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.