El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunciará el jueves 14 de setiembre su posición sobre el proyecto aprobado por los diputados para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes, en materia fiscal, de la Unión Europea (UE).

Así lo anunció este martes Casa Presidencial. Antes de la votación del texto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, abogó por un veto de parte del Poder Ejecutivo, pero el mandatario prefirió no adelantar su decisión al anticipar que tanto la firma como el rechazo podrían tener consecuencias.

Chaves tiene plazo hasta el 22 de setiembre para tomar una decisión sobre el veto.

El proyecto fue aprobado en segundo debate el jueves 7 de setiembre y el Directorio legislativo lo envió a Casa Presidencial el viernes 8 de setiembre.

A partir de ese momento, el mandatario dispone de 10 días hábiles para firmarlo u objetarlo, según el artículo 126 de la Constitución Política.

Ese numeral establece que, en caso de que no se tome una decisión en ese plazo, el proyecto deberá ser publicado, con lo que entraría en vigencia.

Si el presidente veta el plan, los diputados requerirían de 38 votos para ratificarlo mediante un resello.

Pero el Gobierno también está contra el tiempo debido a que la UE revisará en octubre si saca o no a Costa Rica de la lista negra, a la cual entró desde el 14 de febrero pasado. En esa lista están 16 países y territorios, entre ellos, Panamá, Rusia, Bahamas, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas, entre otros.

El llamado Grupo del Código de Conducta de la UE fue el que recomendó el ingreso de Costa Rica a la lista negra. Ese Grupo se reunirá a partir del 15 de setiembre para iniciar la revisión técnica y verificar si Costa Rica ajustó su legislación de acuerdo con sus requerimientos.

La decisión final la tomará en octubre el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), conformado por los ministros de Economía y Finanzas de los 27 estados miembros de la UE.

La objeción del Gobierno al proyecto de ley aprobado por los diputados se debe a que este modificaría el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, para aclarar que Tributación solo puede cobrar impuesto a personas y empresas reales por ingresos generados dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”. No podrá gravar ganancias obtenidas en el exterior, aunque el dinero invertido haya sido generado aquí.

Por otra parte, para salir de la lista negra, el texto sí gravaría los ingresos que obtengan en el exterior, producto de rentas pasivas, las empresas de papel o de maletín, que utilizan países con portillos tributarios para colocar capitales y administrar inversiones en distintos países sin pagar impuestos.