Este viernes por la tarde el presidente, Rodrigo Chaves Robles, anunció su veto parcial al proyecto de ley con el cual se buscaba salir de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal, elaborada por el Consejo de la Unión Europea (UE).
La decisión del mandatario fue anunciada pocas horas antes de que este viernes 15 de septiembre la UE analizara sobre excluir o no a Costa Rica de esta lista.
Chaves justificó su veto parcial porque, el proyecto aprobado por los diputados en segundo debate el pasado 7 de septiembre, contiene una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta con la que el Poder Ejecutivo está en total desacuerdo. Esa reforma es para dejar en claro que la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda no puede cobrar impuesto a personas y empresas por ganancias obtenidas en el exterior, aunque el capital invertido haya sido generado en Costa Rica.
El artículo 1 del texto vetado establecería que Tributación solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”.
En lo que respecta a las condiciones de la UE que sacarían al país de la lista gris, el Poder Ejecutivo no las vetó. Esta medida consiste en gravar los ingresos que obtengan en el exterior, producto de rentas pasivas, las empresas comúnmente llamadas “de papel “ que utilizan países con vacíos en materia de tributación para colocar capitales sin pagar impuestos. La idea es evitar la doble no imposición, que permite no pagar impuestos ni en un país ni en otro.
Según el Ejecutivo, si la ley entra a regir, tal y como los diputados la aprobaron, las arcas del Estado dejarían de percibir alrededor de ¢36 mil millones.
¿Cuáles son las opciones ahora?
Luego del veto parcial del presidente Chaves a este proyecto, el texto tiene 3 opciones, según se contempla en la Constitución Política en su artículo 127.
El primer escenario es que los diputados acepten el veto parcial. El Ejecutivo está proponiendo que en el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta se entienda como “ingresos de fuente costarricense” toda renta cuyo origen tenga una vinculación económica con el territorio nacional.
El texto diría que existirá una vinculación económica con el territorio nacional cuando las rentas se originan en servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el país, que se obtengan durante el periodo fiscal. Además, agrega que, si de tales elementos se derivan otras rentas, en el territorio nacional o fuera de este, estas se entenderán como vinculadas económicamente a la actividad lucrativa de fuente costarricense y, en consecuencia, resultarán gravables con impuesto de renta.
Un segundo escenario es lo que se conoce como el resello. Esto sucede cuando tras un veto presidencial en el plenario se logran rejuntar 38 votos para, en palabras sencillas, no tomar en cuenta la posición del Poder Ejecutivo ni del presidente y convertir el proyecto en ley.
La fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) es la que más se inclina para esta opción y busca convencer al resto de bancadas.
El tercer y último escenario es que los diputados no consigan los 38 votos para el resello, rechacen la propuesta en el veto y el proyecto finalmente se archive.
La intención de las fracciones legislativas es tomar una decisión esta semana que viene.
Molestia y preocupación
La inclusión del país en esta lista se tomó por parte del llamado grupo “Código de Conducta”, un comité de la UE que tiene la última palabra con que países entran y salen de esta lista.
Este grupo incluyó a Costa Rica en este listado el 14 de febrero de 2022 junto con naciones como Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall.
En el Congreso las fracciones opositoras están molestas porque, a pesar de que la UE incluyó a Costa Rica en esta lista de países cuando aún estaba en el poder el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), el presidente Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, sabían de esta advertencia cuando arrancó esta Administración.
Incluso, Chaves y Acosta mintieron en febrero anterior cuando dijeron que la pasada Administración no había hecho la advertencia al país y que no había presentado un proyecto de ley para sacar al país de este listado, pues el primer proyecto para sacar a Costa Rica de este grupo lo presentó el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, en diciembre de 2021.
Las justificaciones de este primer proyecto de ley presentado por la Administración Alvarado Quesada, también señalan que el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuando fue ministro de Hacienda de Carlos Alvarado, había sido notificado de los cambios que exigía la UE. La nota le llegó a Chaves en enero de 2020, lo que quiere decir que el actual Mandatario sabía desde hacía 3 años del riesgo en el que se encontraba el país.
A pesar de estos antecedentes, en los primeros meses del actual gobierno ni Chaves ni Acosta hicieron nada para impulsar el proyecto para salir de esta lista, esto ni cuando el Poder Ejecutivo tuvo el control de la agenda legislativa en las Sesiones Extraordinarias.
En octubre la UE hará una revisión del cumplimiento de los países en esta lista para poder salir. Si Costa Rica no aprueba esa valoración permanecerá 6 meses más en esa lista. Los diputados y empresarios aseguran que esto afectaría, aún más, la imagen internacional del país, su seguridad jurídica y la atracción de inversiones extranjeras que generen empleos.