De las dos últimas audiencias en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que investiga el inusual interés del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de acceder a datos personales de los ciudadanos, saltan hasta ahora dos versiones distintas sobre el tipo de información de deudores que la autoridad monetaria pidió a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

¿Qué fue lo que realmente solicitó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para qué? ¿Qué fue lo que hizo el Banco Central que tiene semanas de estar envuelto en una ola de críticas, dudas y sospechas?

Hasta el momento se conoce que el 23 de noviembre de 2022 la Junta Directiva del BCCR exigió a la SUGEF tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia para el desarrollo de sus labores de supervisión.

La SUGEF se rehusó a entregar esa información por considerar que se trata de datos privados y confidenciales de los clientes que no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la Superintendencia y que se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

Como consecuencia, el Banco Central interpuso una denuncia penal contra la jerarca de la SUGEF, Rocío Aguilar, en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el presunto delito de desobediencia.

Posteriormente, el mismo BCCR reconoció que también había solicitado datos detallados de deudores, ahorrantes y depositantes al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular (BP) y BAC. De ellos, solo el BNCR se negó a entregar la información y su gerente general, Bernardo Alfaro, también fue denunciado.

Nuevo indicador

Tras la revelación que hizo la SUGEF, el Banco Central aseguró que los datos de deudores que solicitó tienen como propósito la generación de estadísticas y el análisis e investigación económica.

Indicó que dentro de la revisión de mejores prácticas para la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se identificó la necesidad de mejorar la recolección de información, incluyendo el acceso a registros administrativos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del BCCR.

Alegó que su solicitud a la SUGEF tiene sustento en artículos de la Ley Orgánica del Banco Central y de la Ley del Sistema de Estadística Nacional y mencionó un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR).

No fue sino hasta la semana pasada que el presidente del BCCR, Róger Madrigal, admitió ante los diputados que pidieron datos de deudores sin anonimizar a la SUGEF y que esa solicitud se basaba en la necesidad de cumplir con acuerdos de generación de estadísticas establecidos por el FMI.

“El 29 de setiembre, propiamente, es cuando se acuerda con el Fondo cuál es el tipo de meta o de indicador estadístico que vamos a elaborar”, dijo Madrigal en una audiencia que llevó a cabo ese órgano del Congreso el jueves 21 de setiembre pasado.

Mencionó que se trata de un indicador relacionado con la vulnerabilidad del sistema financiero nacional ante fenómenos climáticos como las inundaciones. También reconoció que el BCCR no pedía antes datos individualizados de los costarricenses para la construcción de sus estadísticas.

FMI dio otra versión

La versión que dio el FMI, tras la comparecencia de Madrigal, es distinta en lo medular. No pidió al BCCR que solicitara datos de deudores sin anonimizar a la SUGEF y manifestó que se deben tener en cuenta las restricciones legales y las regulaciones en cada país.

“Las medidas del programa se diseñan conjuntamente entre las autoridades costarricenses y el Fondo Monetario Internacional para apoyar la propia agenda de políticas públicas de las autoridades, teniendo en cuenta las restricciones de datos y las leyes y regulaciones nacionales”, explicó a CRHoy.com Santiago Acosta, representante residente de ese organismo financiero internacional en Costa Rica.

Reconoció que es posible que las autoridades encargadas de implementar las medidas del programa necesiten acceder a información específica, incluidos datos relacionados con el clima.

“Sin embargo, los datos a los que acceden y utilizan diferentes entidades en cualquier país están sujetos al marco legal de ese país, que debe apuntar a equilibrar adecuadamente las necesidades de las autoridades con la confidencialidad de los ciudadanos”, amplió Acosta.

Y fue contundente al afirmar: “Es importante clarificar que el Fondo Monetario Internacional no dicta la forma de la información que puede ser relevante para una metodología acordada como parte de una medida del programa.”

Indicó que el BCCR, como cualquier otro banco central, depende de datos especializados para cumplir con su labor.

“El acceso a dichos datos permite a los bancos centrales desempeñar adecuadamente sus funciones de política monetaria, monitoreo e investigación, incluida la compilación y difusión de información estadística. El suministro de información granular y de alta frecuencia también permite a los bancos centrales disponer de señales oportunas y completas de la actividad económica y de los riesgos emergentes para fundamentar mejor las decisiones de política monetaria. La mayoría de los bancos centrales pueden utilizar estos datos detallados dentro de sus propios sistemas seguros y con las salvaguardas adecuadas para garantizar la protección de la privacidad, permitiendo el acceso sólo a usuarios autorizados y para fines autorizados de acuerdo con la legislación doméstica, la cual debe procurar equilibrar adecuadamente las necesidades de las autoridades con la confidencialidad de los ciudadanos”, concluyó.

La versión del FMI fue respaldada este jueves por la noche por Miguel Cantillo, directivo del Banco Central, quien aseguró que el organismo financiero internacional nunca le pidió a la entidad que solicitara datos de deudores sin anonimizar a la SUGEF para construir el nuevo indicador estadístico.

“El Fondo Monetario lo que pidió es que se le hiciera un informe sobre riesgos y que usáramos lo que existía en el país. El Fondo Monetario lo que nos pidió fue el resultado final, y yo creo, además, que había varias formas de hacerlo”, afirmó ante los legisladores de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos.