A las investigaciones por el intento del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para acceder a la información financiera de la población que se llevan se suma un expediente ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El reclamo lo interpuso la Fundación Privacidad y Datos (Pridat) y como primer paso se solicitó una medida provisional que está en proceso.
De momento, la jueza Liana Morera señaló que “en este estadio procesal es prácticamente imposible el determinar o emitir un criterio valorativo de fondo”.
En una primera resolución se dio audiencia a al Banco Central.
“Resulta necesario el escuchar a la parte accionada previo a determinar la procedencia o no de lo que se reclama”, apuntó.
“Se hace necesario escuchar a la parte contraria, para formar un mejor criterio de la situación particular que hoy se conoce”, sumó.
Sin esa audiencia, la funcionaria judicial sostuvo que no podría dar una medida “provisionalísima”
Hasta este martes el procedimiento seguía en espera de contestación:
Los datos bajo la lupa
El 17 de agosto anterior la Superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, dio a conocer que la gerente del Banco Central la había denunciado penalmente por negarse a dar acceso a datos financieros considerados confidenciales.
Posteriormente trascendió que el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, también había sido denunciado.
Otros bancos, como el Popular, BCR y BAC Credomatic sí hicieron envío de información.
El tema ha abierto interrogantes sobre la procedencia y validez de la información; sobre todo a la luz del marco legal y la doctrina sobre los datos.
Ello llevó a que además de las quejas en la Fiscalía se hayan iniciado procesos en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab); así como en la Asamblea Legislativa.
Los Colegios de Abogados y de Informáticos publicaron también sendos diagnósticos advirtiendo de posibles riesgos en el proceder del Banco.