Las industrias arroceras dejaron de pagar ¢7.600 millones de impuestos en seis meses de vigencia del decreto de la Ruta del Arroz que baja los aranceles de un 36% a un 5% y que, según Chaves, buscaba acabar con el “oligopolio” de un “puñado de industriales del arroz”.

Los impuestos que dejaron de pagar las industrias del arroz (granza, sin pelar o procesar) casi que triplican las que registran los importadores de arroz pilado (importado listo para vender) en la plataforma del Ministerio de Hacienda.

Los importadores de arroz pilado dejaron de pagar ¢2.536 millones, entre ellos el financista de Chaves, Bernal Jiménez, que dejó de pagar ¢268 millones. Todos los importadores de arroz juntos suman una pérdida de ingresos al erario público de ¢10.400 millones.

En julio del 2022, en defensa de la Ruta del Arroz, Chaves afirmó que las agroindustrias del arroz se aprovechaban de las declaraciones de desabasto y se “ganaban todo el impuesto a la importación” y que crearon “una estructura que se creó para mandar millones de dólares al año”.

Las declaraciones de desabasto son un mecanismo que obligaba a las industrias a comprar producto nacional a un precio regulado, que cubría los costos de producción para poder beneficiarse de una exención de impuestos a la hora de importar el grano. La Ruta del Arroz otorga a las industrias este beneficio sin necesidad de comprar al productor nacional.

Wendy Vargas, presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Arroz, explicó que este era el único incentivo que sostenía a los productores nacionales, ya que el costo de producir en el país es más alto ante falta de políticas públicas que apoyen al sector o que atiendan los altos costos de insumos agrícolas.

“Perdimos cualquier atractivo en la industria y ahora pueden traerlo de afuera y no necesitan nuestra materia prima. Y sí nos ofrecen comprar, pero al precio internacional y ese no cubre nuestros costos”, comentó Vargas.

Las personas productoras de arroz dependen de las industrias para procesar el grano y, por lo tanto, no pueden venderlo directamente al consumidor. Sin embargo, tras la aprobación de la Ruta del Arroz solo han menguado la cantidad de productores porque las industrias pueden sustituir la producción nacional con importación.

“Nosotros nunca vamos a poder competir con los arroces de afuera porque son sumamente subsidiados ni tenemos las herramientas para competir con competitividad”, mencionó Vargas.

A pesar de estos ataques de Chaves, del abandono de la actividad arrocera por cientos de productores y tras recibir los grandes beneficios fiscales mencionados, seis industrias arroceras que componen la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (Aninsa) dieron su apoyo a la Ruta del Arroz y al gobierno de Chaves en un campo pagado en la prensa.

“Es un revés que nos ha hecho la industria, ellos argumentan que es la forma de sostener su volumen de producción, pero la idea (de los productores) era buscar sostenibilidad para todo el sector, pero evidentemente ellos estaban viendo los beneficios económicos”, lamentó Vargas.

Entre las industrias de Aninsa se dejaron de pagar ¢2.418 millones en impuestos, pero además tres de las empresas que conforman esta asociación ganaron millonarios contratos con el Estado y ocupan espacio en la mesa técnica del Gobierno que analizará políticas de apoyo a productores.

UNIVERSIDAD solicitó declaraciones de Aninsa, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.