La colocación de $1.500 millones de eurobonos en el mercado internacional se hará en noviembre porque el Gobierno tiene el próximo año una alta necesidad de dólares para hacerle frente a vencimientos y pago de intereses de deuda en esta moneda.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó a La Nación que el próximo mes es la ventana de oportunidad para salir al mercado externo dada la reciente mejora en la calificación crediticia al país, otorgada por S&P Global Ratings, y el cumplimiento de Costa Rica de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno debe cancelar $2.770 millones de deuda interna y externa en el 2024, entre vencimiento del principal y pago de intereses, según datos de Hacienda al 31 de agosto pasado.
“Para febrero (del próximo año) tenemos un vencimiento de más de $600 millones. En los primeros cinco meses del año tenemos necesidades de dólares por más de $1.640 millones, y en todo el 2024 son $2.700 millones, así que necesitamos muchos dólares para eso”, explicó Acosta.
El funcionario dijo que el mercado local de valores no tiene la capacidad para hacerle frente a los requerimientos de divisas por parte de Hacienda.
“Hay que salir a colocar los eurobonos en noviembre porque en diciembre los mercados (internacionales) no están para ese momento. La información del Fondo y de las calificadoras era importante para efecto de los inversionistas. Si es efectivo que la ventana (para colocar la deuda externa) es cada vez más pequeña; pero de que tenemos que salir, tenemos que salir”, recalcó el ministro de Hacienda.
El Gobierno tiene autorización del Congreso para vender un total de $5.000 millones en los mercados internacionales en tres años. En marzo anterior, se hizo una primera emisión por $1.500 millones, y para el segundo semestre, saldrá otra por el mismo monto.
Quedan pendientes las emisiones por $1.000 millones, en el 2024, y otros $1.000 millones, en el 2025.
Para la colocación de los segundos $1.500 millones de este año, Hacienda contrató a los bancos JP Morgan y Bank of America.
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo tiene previsto utilizar recursos de apoyo presupuestario cercanos a $1.738 millones, de los cuales $651 millones están en proceso de negociación con organismos como el Banco Mundial y el Gobierno de Canadá.
Los recursos restantes saldrán de los créditos suscritos por el país con el FMI. En específico, el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Programa de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF).
De hecho, el pasado 27 de octubre, la Misión Técnica del Fondo acordó desembolsar $756 millones de ambos préstamos, que están pendientes de la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo en diciembre próximo.
Acosta reconoció que esos recursos no se usarán en el 2024, pues el Gobierno debe pedir la autorización de los diputados para emplear el dinero en el presupuesto del próximo año.
Compromisos altos
Los datos de Hacienda muestran que, entre el 2024 y el 2028, el Gobierno debe hacerle frente a vencimientos en moneda extranjera por $12.716 millones.
El 2025 será el año con el requerimiento de más divisas por parte del Ejecutivo, pues deberá pagar a inversionistas $3.259 millones. De dicho monto, $1.805 millones se girarán a inversionistas extranjeros y $1.454 millones, a locales.
S&P Global Ratings destacó, el pasado 27 de octubre, que el acceso al financiamiento oficial del FMI respalda la flexibilidad en el acceso a recursos del Gobierno y brinda confianza en los mercados de capital locales y globales, dado los compromisos del Gobierno de los próximos años.
La agencia estadounidense colocó la nota de riesgo en BB-, con perspectiva estable, desde la B+ anterior, a raíz de la mejora en cifras fiscales y por el mayor crecimiento de la economía.
La nueva calificación soberana costarricense implica que el país, como emisor de títulos valores, es menos vulnerable; pero puede enfrentar incertidumbres ante condiciones económicas y financieras adversas. La nota previa significaba que el país era muy vulnerable a dichas condiciones.