El 2022 fue un año récord en la aprobación de exoneraciones fiscales. En el Congreso se aprobaron 43, es decir, la mayor cantidad de beneficios impositivos de los últimos 23 años, y ocurrió sin establecerse ningún mecanismo de control, ni el tiempo de vigencia.

Así se detalla en el artículo Pérdida en la recaudación tributaria en Costa Rica: Más exoneraciones con menos controles, elaborado por Programa Estado de la Nación (PEN), que criticó que el ascenso ocurriera después de aprobada la reforma fiscal, en el 2018, que trajo una mejora en las finanzas públicas.

En la investigación se detalla que, entre el 2010 y el 2017, cuando se produjo un mayor deterioro financiero en el Gobierno Central, el aval a exenciones impositivas fue moderado y estuvo por debajo de 18 beneficios que es el promedio anual.

El PEN argumentó que el privilegio impositivo representa un gasto para las finanzas públicas del Gobierno, en momentos en que aún se busca un equilibrio. Además, las leyes se aprueban sin ningún control, precisión y especificidad en el tiempo para la aplicación del beneficio.

“Indicamos (en el estudio) que las leyes solo establecen que se exime del pago de todo tipo de impuestos. No pone ningún tipo de tributo si es renta, IVA (impuesto sobre el valor agregado) o municipales. Tampoco se pone hasta cuando se tiene el beneficio. Esto muestra una mala práctica legislativa”, subrayó la economista Pamela Jiménez, autora del informe.

De las 43 exoneraciones, 37 fueron propuestas por diputados del periodo 2018-2022 y seis por el Gobierno de Carlos Alvarado. Sin embargo, el 83% (35) fueron aprobados por los actuales legisladores quienes tomaron posesión del cargo el 1. ° de mayo del 2022.

Costa Rica finalizó ese año con 1.469 exoneraciones vigentes, de las cuales 391 no tienen plazo de vigencia definido.

Este reporte se pudo construir gracias a que el Estado de la Nación y el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, desarrollaron un registro de las exoneraciones fiscales autorizadas y vigentes en Costa Rica desde 1953.

Efecto poco claro

El estudio del PEN reseña que, una de las dificultades del esquema actual de exoneraciones fiscales es que no es posible conocer el impacto que tiene sobre las finanzas públicas y en contraposición, el beneficio a la producción del país que se obtiene con el estímulo impositivo a un sector o actividad económica.

Jiménez comentó que, hace algunos años, intentaron cuantificar el peso financiero de estas leyes. Sin embargo, no fue posible hacerlo porque la fuente que aplica la exención es dispersa.

“Cuando quisimos agregar a esta base de datos la columna del costo de las exoneraciones nos topamos con que hay algunas que se tramitan en Aduanas, las del IVA son en otro lado y las municipales no pasan por el Gobierno”, explicó la investigadora.

El Ministerio de Hacienda ha hecho estudios en el cual estima el peso de las exenciones fiscales o gasto tributario de los tributos de renta, IVA y otros impuestos.

El último informe del 2020 estimó las exoneraciones en ¢1.500.885 millones, es decir, el equivalente al 4,15% del producto interno bruto (PIB) de ese año.

El peso más relevante fue del 2,29% de la producción y se atribuyó al IVA, seguido de renta, con 1,71% del PIB; y el 0,15% del PIB restante a diversos tributos.

Estos beneficios aplican en porcentaje de relevancia principalmente a la canasta básica tributaria, empresas de zonas francas, cooperativas, mutuales, entre otros.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, comentó que Costa Rica basó el impulso a su producción mediante la creación de incentivos, pero generan un impacto en el gasto tributario para el Estado y del egreso del Gobierno.

“El problema de las exenciones es que, en términos generales, responden a grupos de presión, que establecen una serie de condiciones, llegan a la Asamblea Legislativa y los diputados sin el menor conocimiento del impacto en la recaudación, las aprueban”, sostuvo el jerarca.

Acosta recordó que, al comienzo de la actual Administración, se aprobó una ley que ordena a Hacienda revisar las exoneraciones vigentes para plantear al Congreso la eliminación de las que el Poder Ejecutivo considere necesarias.

“La Asamblea Legislativa está llena de proyectos para eliminar impuestos, reducir tarifas y para establecer diferentes propuestas que ponen en riesgo la recaudación”, aseguró el funcionario.

¿Que aprobaron los diputados?

Entre las exenciones avaladas en el Congreso, durante el año pasado, hay desde objetivos locales, como la donación o cesión de terrenos municipales, hasta la ley conocida como “viviendas municipales”.

Esta última disposición se creó para que los gobiernos locales se involucren en el desarrollo y gestión de proyectos habitacionales mediante la exoneración de derechos de registro, cargas en colegios profesionales, y hasta los timbres, tasas, contribuciones o derechos durante la inscripción del inmueble.

Otras iniciativas fueron de objetivo nacional como los beneficios otorgados para la realización del Mundial de Fútbol Femenino Sub 20, el desarrollo de zonas francas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), o para la venta de $5.000 millones en eurobonos por parte del Gobierno.

La economista del PEN recalcó que hay incentivos fiscales con objetivos importantes para Costa Rica. Sin embargo, recalcó que el tema que se debe analizar es si cumplen con estándares de control y puedan revisarse su impacto para el país.