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Denuncian que Hacienda deja de percibir más de ¢67 mil millones por no cobrar a Airbnb

El Movimiento Turismo por Costa Rica denunció que el Ministerio de Hacienda deja de percibir más de ¢67.000 millones por no cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las casas de alquiler de corto plazo, más conocidas como Airbnb.


En un comunicado, aseguró que ese monto lo pagarían los turistas y no los dueños de las casas.


Afirmó que de acuerdo con datos de AirDNA, una autoridad mundial de estadísticas de casas de alquiler, en Costa Rica había a octubre de este año poco más de 42.000 casas de alquiler de corto plazo, que siguen aumentando continuamente, con una ocupación promedio por encima del 50,8% anual y con una tarifa promedio de $268 por noche.


Esto genera un total de ingresos solo por alquiler de más de $966 millones y si el Ministerio de Hacienda se decidiera a cobrar los impuestos, como debe ser, solo el IVA correspondiente representaría ingresos adicionales de cerca de $125 millones, o sea, poco más de ¢67.000 millones, mencionó la organización.


“Este impuesto ya está legalmente aprobado y reglamentado en Costa Rica y no existe ningún impedimento para que no se aplique de inmediato, y las plataformas de alquiler de casas ya lo cobran en otros países, por lo que francamente no entendemos la reticencia del Ministerio de Hacienda para no hacerlo. Eso sí, queremos dejar muy claro que no nos oponemos al negocio de las casas de alquiler de corto plazo, pues es una muy buena alternativa para un importante sector del turismo, lo único que pedimos es que se regule y que actúen dentro de la misma normativa que deben actuar el resto de las empresas de hospedaje”, comentó Bary Roberts, del Movimiento Turismo por Costa Rica.


El Movimiento Turismo por Costa Rica subrayó que el cobro correcto de los impuestos a los alquileres de corto plazo y que todos esos negocios se formalicen y regulen, pagando patentes, impuestos municipales, contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), impuesto de renta, etc., significaría un aumento muy importante para los ingresos del Gobierno y de las municipalidades.

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