El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a Costa Rica sobre el efecto adverso que las “reformas constantes” a la regla fiscal pueden llegar a tener sobre el proceso de consolidación de las finanzas del Gobierno.

Ding Ding, economista jefe de la misión técnica del FMI, subrayó que la medida de restricción del gasto gubernamental, aprobada dentro de la reforma fiscal en 2018, funciona muy bien y ha brindado estabilidad a la economía del país.

Además, reconoció que existe margen para revisar cuáles instituciones están sujetas a este instrumento de acuerdo con “nuevas circunstancias”.

“El Gobierno ha mejorado la consolidación fiscal, desde la adopción de la regla fiscal. De aquí en adelante, estar constantemente haciendo reformas para cambiar la regla es algo que hay que evitar, pero una revisión periódica se puede dar cada varios años teniendo en cuenta las circunstancias nuevas”, explicó el vocero del organismo multilateral, al cierre de la misión que durante las últimas dos semanas evaluó los avance en política fiscal.

Además, reconoció que pese a los espacios de revisión que existen para ajustar el ámbito de cobertura de la regla, es necesario mantener la disciplina presupuestaria del Gobierno.

“Nosotros no estamos en posición de hacer ningún comentario de instituciones específicas”, recalcó en referencia a un proyecto de ley en el Congreso que propone excluir de la regla fiscal a algunas entidades públicas que no dependen del Presupuesto Nacional.

    “El Gobierno ha mejorado la consolidación fiscal, desde la adopción de la regla fiscal (...) estar constantemente haciendo reformas para cambiar la regla es algo que hay que evitar, pero una revisión periódica se puede dar cada varios años”.

    —  Ding Ding, jefe de la misión técnica del FMI

Alberto Behar, miembro del personal técnico del FMI, dijo que hay instituciones actualmente cubiertas por la regla fiscal que no deberían estar incluidas.

“Los criterios que se usan para saber cuáles se incluyen y cuáles se excluyen tienen que estar claros y no determinarse en forma espontánea”, afirmó.

También, Behar consideró relevante que se eliminara del proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa, la posibilidad de excluir los intereses de la deuda y el gasto de capital del límite del gasto. “Esta parte de la regla fiscal actual se debe conservar porque es importante”, dijo.

Cuando la deuda pública supera el 60% de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) tiene fuertes restricciones para crecer. A diciembre del 2022, esta razón fue de 63,8%.

Ding y Behar aludieron a la regla fiscal, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, después de que finalizara la revisión del avance del cumplimiento de compromisos del programa de reformas económicas del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y las medidas de cambio en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

El grupo técnico aprobó el acceso de Costa Rica a cerca de $526,6 millones. De ellos, $277,8 millones del SAF, y $248,8 millones, del SRS. Sin embargo, ambos están sujetos al aval del Directorio Ejecutivo del Fondo y, en el último caso, el financiamiento debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

La regla fiscal es una norma introducida en la reforma tributaria, del 2018 (Ley 9.635), que limita el crecimiento de los gastos corrientes y de capital de las instituciones, según sea el nivel de endeudamiento público y el crecimiento de la economía.

La norma es la principal herramienta de contención del gasto gubernamental y la responsable de que el Gobierno Central registre los mejores resultados fiscales en varios años.

A marzo pasado, el déficit fiscal fue equivalente al 0,5% del producto interno bruto (PIB), el más bajo en 15 años.

Además, es una de las razones de que la calificación de riesgo de Costa Rica tuviera una mejora por parte de las agencias S&P y Fitch Ratings.

¿Qué plantea la reforma?

Actualmente, en el Congreso se discute un proyecto de ley para modificar la cobertura de la aplicación de la regla fiscal para las instituciones públicas que se financian con ingresos propios y no dependen de transferencias del Presupuesto Nacional.

Por ejemplo, se propone excluir del límite del gasto a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y los colegios profesionales.

La iniciativa la presentó, en noviembre anterior, la administración de Rodrigo Chaves y está en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

    “El Fondo está de acuerdo con delimitar el tema de la regla a las entidades que están en competencia o que realizan actividades comerciales (...) los intereses de la deuda y el gasto de capital se excluyó (de la reforma) para que avanzara el proyecto”.

    —  Nogui Acosta, ministro de Hacienda

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, consideró que no tiene sentido tener bajo la regla fiscal a entes públicos que no dependen presupuestariamente del Gobierno.

“El Fondo está de acuerdo con delimitar el tema de la regla a las entidades que están en competencia o que realizan actividades comerciales. Por ejemplo, Fanal está afecto a la regla, pero no puede comprar alcohol para hacer producto o vender a los hospitales por el límite de la regla fiscal”, explicó Acosta.

La reforma proponía, originalmente, que el pago de los intereses de la deuda y el gasto de capital también se excluyera del límite del gasto.

De hecho, en enero anterior, el FMI publicó un informe en que criticó tal posibilidad. El órgano calculó que si la iniciativa se hubiera aplicado este año, el gasto corriente del Gobierno Central habría podido crecer en casi ¢140.000 millones. Esto se debe a que, al liberar de la regla el gasto en obras y en intereses, queda más espacio para que aumenten las erogaciones en sueldos, transferencias y servicios.

El jerarca de Hacienda confirmó que los intereses de la deuda y la inversión se eliminaron del texto para lograr el avance del proyecto en el Congreso.

La legisladora Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, corroboró que el FMI solicitó a los diputados no debilitar la aplicación de la regla fiscal en Gobierno Central y cuando afecte las metas del déficit fiscal.

“Tenemos margen (en la reforma) de las instituciones que tienen recursos propios producto de actividades empresariales comerciales como el Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz o Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec)”, explicó la diputada.

Sin embargo, indicó que el Fondo pidió ponerles a estas instituciones sus propios topes en el gasto. “Por eso el texto les puso límites de deuda, liquidez, solvencia y que no pongan en riesgo sus finanzas”, afirmó.

Pese a las advertencias del Fondo de no debilitar la regla fiscal, el 18 de abril, el Congreso aprobó, en primer debate, un proyecto de ley para excluir las becas y ayudas estudiantiles del control de gasto de la norma.

La propuesta libera los desembolsos en becas y ayudas estudiantiles en todas las instituciones de educación pública, incluyendo universidades estatales, el Ministerio de Educación (MEP) y las becas y entregas de útiles del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).